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El PP-A ha registrado una proposición no de ley en la que pide el rechazo del Pleno del Parlamento al nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el 4 de septiembre, por cuanto su configuración «no garantiza que Andalucía alcance, en términos homogéneos, una financiación por habitante ajustado equivalente a la media de las comunidades de régimen común».
El nuevo modelo, según se indica en la iniciativa, «tampoco asegura la corrección efectiva de su posición relativa dentro del sistema, condición necesaria para garantizar la suficiencia financiera en la prestación de los servicios públicos fundamentales».
Se pide el rechazo de la Cámara a un sistema «que no garantiza una distribución de los recursos sustentada en criterios objetivos, transparentes, homogéneos y verificables, directamente vinculados a las necesidades reales de gasto y al coste de prestación de los servicios públicos, excluyendo y evitando mecanismos, fondos, reglas especiales o singularidades financieras que otorguen ventajas a determinados territorios carentes de una justificación objetiva y generalizable al conjunto de las comunidades de régimen común, y preservando el carácter multilateral de la determinación de los elementos esenciales del sistema».
«El Parlamento de Andalucía considera insuficientes los mecanismos de nivelación previstos en el nuevo modelo si no garantizan una reducción efectiva y sustancial de las diferencias de financiación por habitante ajustado una vez ponderadas las necesidades de gasto, e insta a establecer mecanismos transparentes, verificables y de aplicación general que permitan que ciudadanos con necesidades equivalentes dispongan de una capacidad financiera sustancialmente semejante para el acceso a los servicios públicos fundamentales, con independencia de su comunidad de residencia», es otra demanda recogida en la iniciativa del PP-A.
De igual manera, se pide el rechazo de la Cámara autonómica a un nuevo sistema de financiación que "no garantice plenamente la autonomía financiera y tributaria de las comunidades autónomas.
En la iniciativa, se insta al Gobierno central a incorporar en la normativa reguladora del sistema un mecanismo legal, objetivo y automático de actualización anual de las entregas a cuenta, basado en parámetros predeterminados y verificables, que garantice su adecuación a las previsiones de ingresos tributarios y a los recursos correspondientes a cada ejercicio también en los supuestos de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, evitando retrasos que afecten a la liquidez, suficiencia financiera y planificación presupuestaria de las comunidades.
Otra demanda al Ejecutivo nacional es que promueva que la anunciada reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial refuerce efectivamente la función que le atribuyen la Constitución y la legislación orgánica de financiación autonómica como instrumento destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales, mediante una dotación suficiente y estable y criterios objetivos y verificables de distribución orientados a la convergencia, el desarrollo económico y la reducción de las diferencias de renta y riqueza entre territorios, modificando su actual propuesta.
Asimismo, se plantea en la iniciativa la necesidad de que se preserve la separación jurídica y financiera entre los recursos ordinarios del sistema de financiación autonómica y cualquier medida de condonación, reestructuración, asunción o mutualización de deuda autonómica.
