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La diputada nacional de Podemos Martina Velarde ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas, para las que pide respuesta por escrito, dirigidas al Gobierno de España sobre la paralización de los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo en los cementerios de Nuestra Señora de la Salud y San Rafael, en la capital cordobesa.
Según ha informado Podemos en una nota, la iniciativa responde a una petición de la Plataforma por una Comisión de la Verdad de Córdoba, y está relacionada con el proceso de exhumación puesto en marcha en diciembre de 2020 con la firma de un protocolo entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación cordobesa, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, formalizado un año después mediante un convenio de colaboración y financiación con vigencia de cuatro anualidades. Los trabajos arqueológicos sobre el terreno, «sin embargo, no comenzaron hasta octubre de 2023».
Según los datos recogidos por la plataforma impulsora de la iniciativa, el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud alberga a unas 7.231 personas, de las cuales «más de un millar serían víctimas de la represión franquista, mientras que en San Rafael se estima que fueron enterrados alrededor de 860 represaliados». La situación se ha visto «gravemente afectada tras la extinción del convenio a cuatro bandas en diciembre de 2025».
Aunque el Gobierno central «aprobó su aportación presupuestaria en octubre de ese año, la falta de firma de un nuevo acuerdo por parte del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía provocó la interrupción de las actuaciones y el nuevo cubrimiento de las fosas al cierre del ejercicio».
Según ha recordado la plataforma, el pasado 14 de junio «las familias de las víctimas depositaron flores sobre la tierra que volvía a cubrir las fosas donde se desarrollaban las labores de búsqueda».
A la «parálisis administrativa se suma el riesgo de perder la financiación destinada a reanudar los trabajos», pues «en julio de 2026 se anunció una licitación de urgencia -expediente 2026/102-, dotada con 150.000 euros de fondos estatales, con un plazo de ejecución de cuatro meses», y «las actuaciones deben quedar finalizadas y justificadas antes del 31 de diciembre de 2026, por lo que cualquier retraso en la adjudicación o el inicio de los trabajos podría comprometer la ejecución de estos fondos».
Amparándose en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, Velarde ha planteado al Ejecutivo central cuatro cuestiones concretas, para saber, en primer lugar, «qué medidas está adoptando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para exigir el cumplimiento del principio de colaboración y subsidiariedad entre administraciones (artículo 14 de la ley), evitando que la falta de convenios locales paralice un derecho fundamental».
También ha preguntado «si el Gobierno tiene previsto ejercer la competencia que le atribuye el artículo 16.1 de la norma -la búsqueda de personas desaparecidas a cargo de la Administración General del Estado- liderando directamente las actuaciones en Córdoba, sin depender de administraciones renuentes».
Igualmente, quiere saber Velarde «si se ha trasladado esta situación al Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, creado por el artículo 28 de la ley, para que impulse los procesos de búsqueda y la coordinación interadministrativa».
Finalmente, la diputada de Podemos ha preguntado «cómo garantiza el Gobierno el derecho a la reparación integral de las víctimas cordobesas, conforme al artículo 30, ante una situación que la diputada considera revictimizante y que vulnera el derecho a la verificación de los hechos y a la digna sepultura de los represaliados».
La iniciativa parlamentaria se enmarca en «la denuncia sostenida por la Plataforma por una Comisión de la Verdad de Córdoba, que reclama que los derechos de las víctimas y sus familiares no queden condicionados a desacuerdos institucionales y exige una respuesta que permita dar continuidad a los trabajos de recuperación de los restos».
