Al menos cinco militares de Sudán del Sur han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una base en el estado de Alto Nilo (noreste), según han confirmado las autoridades locales, que han indicado que los asaltantes podrían mantener lazos con el opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), que por ahora no se ha pronunciado sobre lo sucedido.
El ministro de Información de Alto Nilo, Peter Ngwojo Akwiny, ha especificado que el ataque fue perpetrado el domingo en el área de Papuojo, en el condado de Panyikang, antes de agregar que los asaltantes huyeron posteriormente hacia territorio del estado de Jonglei. «Volvieron a esa zona. No se ha vuelto a saber de ellos», ha explicado.
«Si esta gente es miembro del SPLM-IO, les decimos que no es momento de atacar a soldados. Estamos encaminados a unas elecciones, así que no es bueno», ha sostenido, según ha recogido la emisora sursudanesa Eye Radio. «Están intentando hacer todo lo posible por explotar la inestabilidad en la zona», ha denunciado.
El Ejército sursudanés ha lanzado durante los últimos meses varias ofensivas contra el SPLM-IO en Jonglei, unos combates que han provocado nuevos desplazamientos de población y han ahondado la crisis humanitaria en el país africano, en medio de las crecientes tensiones políticas en el seno del Gobierno de unidad creado a raíz del acuerdo de paz de 2018.
El conflicto volvió a estallar en febrero de 2025, cuando la milicia White Army lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo —cerca de la frontera con Etiopía— y conquistó temporalmente la localidad, lo que llevó a las autoridades a poner bajo arresto domiciliario al líder del SPLM-IO y entonces vicepresidente primero, Riek Machar, tras acusarle de conspirar contra la seguridad del Estado, por lo que su formación denunció una violación del citado acuerdo de paz.
La crisis llegó además después de que el presidente sursudanés, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación del acuerdo de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.
