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El Gobierno es optimista y ve muchas posibilidades de sacar adelante el real decreto con medidas de vivienda este mismo martes tras el punto de inflexión que a su juicio ha supuesto el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años expulsada de su vivienda en Madrid, que ha espoleado a varios grupos parlamentarios para buscar un acuerdo.
El Ejecutivo tiene la potestad de aprobar el real decreto en el Consejo de Ministros cuando quiera, pero el ala socialista siempre se ha mostrado partidaria de hacerlo solo cuando tengan los apoyos necesarios para convalidarlo en el Congreso de los Diputados.
Y ahora parece que ha llegado el momento tras la reacción social provocada por el desahucio retransmitido en directo de la vecina del barrio de Retiro y la movilización social que ha provocado, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
A ojos del Gobierno, el contexto ha cambiado y se ha producido «un punto de inflexión» que ha hecho que los distintos grupos parlamentarios que hasta ahora bloqueaban el acuerdo se den cuenta de que tienen que ceder en alguna de sus pretensiones para, al menos, lograr sacar adelante un acuerdo de mínimos.
Hasta el momento las principales dificultades las ponían Junts y Podemos con sus vetos cruzados. Unos piden medidas a favor de los propietarios, como bonificaciones fiscales y los otros son partidarios de expropiaciones masivas y control de precios.
Con los de Puigdemont ha habido avances —a pesar de que las relaciones estaban oficialmente rotas desde hace un año— y los socialistas estudian las propuestas que la portavoz Míriam Nogueras le dio en mano al presidente Pedro Sánchez hace dos semanas. En las últimas horas Junts ha trasladado optimismo y consideran que los socialistas ven «con buenos ojos» sus propuestas.
Menos posibilidades de salir adelante tiene la medida pedida por Sumar de expropiar el piso de Maricarmen al fondo propietario para realojar a la mujer, que permanece ingresada en el hospital desde que abandonó el que había sido su hogar durante 70 años.
El ministro Félix Bolaños lo dejó claro el viernes desde Bilbao, no es partidario de fórmulas de expropiación «que no llevan a ninguna parte» y tampoco encuentran «encaje claro en la Constitución española». Le respondió el ministro Pablo Bustinduy (Sumar) que, pese a esta negativa, seguirán peleando por una medida que consideran «de sentido común» y que a su juicio encuentra amparo en la legislación actual.
En todo caso, la meta ahora es un acuerdo de mínimos con alguna iniciativa para prohibir o limitar los desahucios e impedir que se repita una situación como la de la semana pasada, con una mujer anciana, con un alto grado de discapacidad reconocido y sin alternativa habitacional que se queda en la calle.
En Moncloa, por tanto, consideran que la negociación está encarrilada, pero «se prolongará durante todo el fin de semana y más allá», hasta el último minuto antes del Consejo del martes para lograr el apoyo del mayor número de socios posible, a izquierda y derecha.
En un plazo máximo de 30 días el real decreto tendrá que convalidarse en la Cámara Baja y el Ejecutivo quiere evitar una nueva derrota como las de febrero y abril de este año 2026, en las que Junts sumó sus votos a PP y Vox.
