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Los ministros han criticado la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender cautelarmente el derecho al voto de determinados nacionalizados al amparo de la llamada 'ley de nietos', que supone un «despropósito» y agarrarse a los «bulos» del PP relativos a una «falsa» manipulación del censo electoral.
Aparte, Más Madrid va a apelar al Defensor del Pueblo para que el departamento que dirige Ángel Gabilondo se pronuncie en contra de esta suspensión cautelar y avanza su intención de recurrir al Constitucional si se confirma mediante sentencia.
El titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado con «toda contundencia» el criterio del alto tribunal, que implica «hurtar el derecho de voto» a ciudadanos que de nacionalidad española, y ha alertado que «no tiene encaje constitucional».
Al respecto, ha exigido al PP que deje de «alimentar bulos» de que esta norma comporta manipular el censo electoral, algo que es «absolutamente falso» porque la denominada 'ley de nietos' pauta un proceso totalmente «garantista» y «salido» de las Cortes Generales que cubre una «deuda histórica y democrática», como es reconocer los derechos de los familiares de exiliados durante la Guerra Civil española. Es más, ha argumentado que diversos países cuenta con normativas similares cuando se han dado situaciones de exilio.
«La ley es perfectamente legal (...) Está bien construida, bien redactada y perfectamente diseñada», ha insistido Urtasun en los pasillos del Congreso para indicar que aquí simplemente se está ante un «bulo» del PP sobre un presunto «maquillaje» del censo electoral que es una «vergüenza» y que «alguien en el mundo de la judicatura ha decidido agarrarse a ese bulo».
Por tanto, el ministro ha insistido en que todo esto le parece un "despropósito absoluto y que «no tiene ningún sentido» esta suspensión cautelar.
A su vez, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha apostillado que no puede haber dos «categorías de nacionalidad» española y que los descendientes que huyeron de la dictadura y su «miseria» tienen que tener sus derechos.
«Nosotros, obviamente, vamos a usar todas las herramientas en el caso de que se confirme esta resolución, vamos a usar todas las herramientas constitucionales para dar a entender lo que es absolutamente obvio», ha añadido.
Previamente, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha mostrado su incomprensión por esta decisión del Tribunal Supremo, dado que restringir «quién vota y quién no» parece «algo ajeno a la democracia».
«Me cuesta entender, la verdad, que el Supremo vaya a decidir qué español o española con pasaporte tiene derecho al voto o no. En mi cabeza, en una democracia, la ciudadanía equivale a ejercer el derecho al voto y restringirlo y decidir quién puede votar y quién no, pues me parece algo ajeno a una democracia», ha lanzado en los pasillos del Congreso de los Diputados.
