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El Gobierno mexicano ha anunciado este viernes la apertura y profundización de cuatro líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl Castro Isidro Burgos' de Ayotzinapa, a partir del reanálisis de documentación, registros telefónicos y otros elementos recopilados durante los últimos doce años.
La revisión, centrada en los hechos ocurridos en Iguala (Guerrero) entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, ha permitido relacionar informaciones que hasta ahora habían permanecido separadas y detectar nuevos indicios susceptibles de investigación.
La primera vía se centra en el estudio de las comunicaciones telefónicas. Este trabajo ha permitido detectar patrones hasta ahora desconocidos y situar a 17 nuevos objetivos dentro de la investigación. El análisis también ha permitido reconstruir conexiones entre integrantes del cártel Guerreros Unidos, agentes de policías municipales y estatales, funcionarios y personas vinculadas al ámbito funerario.
Concretamente, entre los nuevos elementos aparecen comunicaciones entre integrantes de la organización criminal y trabajadores de funerarias y del sector sanitario. Una de las personas bajo investigación era propietaria de establecimientos funerarios, concesionaria del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaba además en la gestión de un panteón, ha indicado el Ejecutivo en un comunicado.
El Gobierno ha situado en agosto de 2025 un hallazgo relevante: se ha determinado que el propietario de una funeraria habría utilizado un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos, dato que dio paso a distintas actuaciones en octubre de ese mismo año, incluidos registros en las funerarias y en el SEMEFO de Iguala.
Durante esas diligencias se encontraron un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio que no figuraban en los registros oficiales. En paralelo, las autoridades detectaron diversas irregularidades en relación con el funcionamiento del SEMEFO.
Posteriormente, entre marzo y junio de 2026, se realizaron nuevas labores de búsqueda en esas instalaciones. Fruto de estos trabajos, se recabaron 23 nuevos indicios, entre ellos centenares de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y más documentos. Todo este material permanece sometido a análisis pericial para establecer su naturaleza y comprobar posibles correspondencias con personas desaparecidas.
La segunda línea de investigación se ha construido mediante el seguimiento de la cadena de usuarios que utilizaron posteriormente los teléfonos pertenecientes a tres de los estudiantes fallecidos.
En uno de los casos, las pesquisas desembocaron en actuaciones penales y, el pasado 24 de agosto, un juez emitió una orden de arresto contra un antiguo funcionario de Iguala por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Otro de los teléfonos terminó en manos de un agente de la Policía Municipal de Iguala. El dispositivo registró actividad durante la noche de la desaparición de los jóvenes, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación sobre la posible participación de este agente en el suceso.
El estudio del tercer dispositivo ha aportado elementos que, según el Gobierno, refuerzan la hipótesis de que algunos de los estudiantes fueron trasladados a la barandilla (comandancia) municipal. El teléfono habría sido utilizado posteriormente por personas cercanas a un antiguo funcionario de Iguala destinado en esa dependencia.
Esta información entra en contradicción con la versión ofrecida anteriormente por José Ulises 'N', quien ejercía como juez de barandilla y declaró ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
La tercera línea surgió de una nueva revisión de los expedientes del caso. Los investigadores identificaron a una persona que habría intervenido en los acontecimientos y que tenía 14 años en el momento de los hechos, pero cuya identidad no había sido establecida hasta ahora.
Su declaración, prestada el 30 de julio de 2026, ha aportado información que reforzaría las imputaciones dirigidas contra integrantes de Guerreros Unidos.
La cuarta línea de investigación hace referencia a las grabaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero de la noche del 26 y la madrugad del 27 de septiembre de 2024. Este nuevo análisis ha permitido reconstruir parte de las acciones y actuaciones adoptadas por funcionarios de alto nivel en relación con el ocultamiento de esas imágenes.
Las pesquisas derivaron en la detención de la antigua presidenta del Tribunal y de la exvisitadora (exinspectora) del órgano judicial, ambas actualmente sometidas a proceso penal.
Las declaraciones de estas antiguas funcionarias, combinadas con otros elementos incorporados recientemente a la investigación, sirvieron de base para la detención —el pasado 6 de agosto— del exgobernador de Guerrero, a quien se le atribuye el delito de desaparición forzada de personas en perjuicio de 43 estudiantes.
El Gobierno mexicano ha informado además de que está trabajando en una vía de cooperación con la oficina en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismo que se encargará de proponer expertos internacionales que puedan incorporase a los trabajos relacionados con el caso.
Así las cosas, las autoridades han insistido en que la investigación permanece abierta y que el objetivo central continúa siendo localizar a los estudiantes, esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
«El caso no está cerrado y ninguna persona está por encima de la ley», han incidido desde el Ejecutivo, que sitúa a las madres y padres de los 43 jóvenes en el centro de las actuaciones.
Entre las próximas medidas figuran, de acuerdo con el escrito gubernamental, mantener y ampliar las labores de búsqueda, avanzar en el esclarecimiento de los hechos y profundizar en el estudio de las grabaciones de seguridad, incluido su destino y la eventual intervención de personas vinculadas a la Administración en aquel momento.
Asimismo, se prevé ampliar las pesquisas relacionadas con las funerarias y el SEMEFO, al tiempo que se mantendrá el diálogo con los familiares de los desaparecidos y la atención a sus necesidades. El Ejecutivo ha indicado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas seguirá trabajando para «garantizar sus derechos».
La nueva estrategia parte de una revisión conjunta de información acumulada durante doce años y busca establecer conexiones entre indicios que, según las autoridades, no habían sido detectados o investigados con suficiente profundidad.
El anuncio llega después de que familiares y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 liderasen este sábado una protesta para denunciar los doce años «sin respuestas» transcurridos desde el incidente, repitiendo ante miles de simpatizantes las preguntas que llevan planteando desde entonces: ¿qué pasó esa noche?, ¿quiénes agredieron a los 43 normalistas?, ¿quiénes se los llevaron?, ¿por qué?, y, sobre todo, ¿dónde están?.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa (Guerrero) desaparecieron en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación que reveló que los policías entregaron a los activistas a los criminales.
