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Más de 250.000 personas han salido a la calle este jueves en Francia con motivo de la huelga general convocada por los principales sindicatos y que se ha extendido a más de 70 ciudades del país, según informaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa.
Las estimaciones se han realizado sobre las 13.00 horas (hora local), en una intensa jornada en la que se espera que unas 700.000 personas se sumen a las manifestaciones, de las cuales entre 40.000 y 80.000 se concentrarán solo París, la capital gala, una cifra ligeramente superior a la registrada en el pasado.
Hasta el momento, se han convocado unas 250 acciones y manifestaciones, según datos de la CGT, mientras el Gobierno ha dicho mantenerse «extremadamente alerta», tal y como ha recalcado el portavoz, Maud Bregeon, que ha afirmado que «no cabe ni por asomo volver a vivir, de manera alguna, lo vivido el 17 de octubre», cuando se produjeron graves escenas de violencia y saqueos.
Esta convocatoria cuenta con el apoyo de estudiantes de secundaria y universitarios, que continúan con el movimiento iniciado a mediados de septiembre y han seguido avivando las protestas contra el alto coste de la vida, la situación de la educación pública y las dificultades para acceder a una vivienda. Además, cuentan con el apoyo de otros sectores, como el de los agricultores, y los llamados 'chalecos amarillos'.
El miércoles por la noche, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció la movilización de 70.000 agentes de policía y gendarmes de cara a la jornada de hoy y prometió una respuesta «extremadamente firme» ante cualquier posible «disturbio».
Asimismo, ha advertido de la necesidad de ofrecer una respuesta «firme» ante cualquier episodio de violencia y ha detallado en un comunicado que el operativo contempla la participación de unidades especializadas, además de drones, helicópteros, brigadas montadas, unidades caninas, 26 vehículos blindados Centaure de la Gendarmería y una quincena de vehículos anfibios.
El dispositivo puesto en marcha incluye 110 unidades móviles y medios especializados para prevenir posibles altercados, saqueos y daños a establecimientos y bienes públicos. Además, las autoridades han mantenido contactos con las organizaciones sindicales y los prefectos para establecer recorridos que reduzcan los riesgos.
La autorización de las marchas está condicionada a que sus itinerarios eviten «zonas sensibles», incluidos determinados centros urbanos que registraron incidentes en el pasado, y a que los sindicatos dispongan de medios propios capaces de controlar las concentraciones.
Por otra parte, Interior ha anunciado controles exhaustivos en carreteras, vías ferroviarias y estaciones antes del inicio de las manifestaciones. El objetivo, según las directrices del departamento, es «garantizar el desarrollo pacífico de las marchas» y evitar actuaciones violentas en sus inmediaciones.
Desde primera hora, las fuerzas de seguridad estatales permanecen desplegadas en los alrededores de las convocatorias para realizar controles, prevenir incidentes y proteger a los participantes.
