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Un total de 114 eurodiputados de todos los grupos políticos de la Eurocámara, salvo los de ultraderecha —Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN)—, han remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que le instan a presentar «sin más demora» una propuesta legislativa para prohibir el comercio de la Unión Europea con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania.
La misiva, enviada a la jefa del Ejecutivo comunitario en la víspera de su intervención en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU) que tendrá lugar en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), está firmada por eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE), los socialistas (S&D), los liberales Renew, los Verdes, La Izquierda y no inscritos de una veintena de países.
Los firmantes reclaman una actuación «conjunta y coherente» de la UE después de que Reino Unido y Canadá se hayan comprometido a prohibir el comercio con los asentamientos y de que Francia haya anunciado que seguirá el mismo camino, sumándose a otros Estados miembro, como España, que ya han adoptado o preparan medidas similares a nivel nacional.
«La urgencia de actuar no ha hecho más que crecer», sostienen los eurodiputados, que señalan en particular la licitación publicada por el Gobierno israelí el pasado 18 de agosto para avanzar en el asentamiento E1, un proyecto al que la UE se ha opuesto por considerar que amenaza la viabilidad de la solución de dos Estados.
En este sentido, recuerdan que los Tratados de la UE obligan al bloque a respetar el Derecho Internacional en su acción exterior y defienden que corresponde a la Comisión, «como guardiana de los tratados», presentar medidas contundentes para impedir estas relaciones comerciales.
«Nuestros ciudadanos exigen acción. Aunque nuestra credibilidad en la escena internacional ya se ha visto dañada por la inacción, una propuesta legislativa sería un paso positivo en la dirección correcta. Por ello, instamos a la Comisión a proponer el reglamento necesario y agradeceríamos la oportunidad de debatir este asunto con mayor detalle», se lee en la carta.
En este sentido, han apuntado que los servicios jurídicos del Consejo de la UE confirmaron que el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la UE, relativo a la política comercial común, «puede servir de base jurídica para tal medida», una conclusión «compartida por más de 100 juristas académicos y por decenas de organizaciones de Derechos Humanos y sindicatos».
Descartan, por otro lado, «medidas parciales» como aumentar los aranceles a los productos procedentes de los asentamientos o reforzar la actual política europea de diferenciación entre Israel y los territorios ocupados, señalando que «son insuficientes» para cumplir las obligaciones que, sostienen, se derivan del dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TPI).
La UE mantiene desde hace años que los asentamientos israelíes en Cisjordania son «ilegales» según el Derecho Internacional y que su expansión supone un obstáculo para la solución de dos Estados, una posición que ha reiterado en las últimas semanas ante los planes del Gobierno israelí de ampliar estos enclaves, en particular el proyecto E1, calificado de «inaceptable» por la propia Von der Leyen.
Sin embargo, los Veintisiete no han logrado hasta ahora ponerse de acuerdo sobre medidas concretas para limitar el comercio con los asentamientos. En julio, los ministros de Exteriores debatieron tres opciones planteadas por la Comisión Europea —un sistema de licencias de exportación, aranceles punitivos o prohibitivos y una prohibición parcial o total de las importaciones—, siendo esta última la que recabó más apoyos, aunque sin reunir la mayoría necesaria para salir adelante.
El debate se enmarca en las medidas planteadas por Bruselas contra Israel desde el pasado año. En el SOTEU de 2025, Von der Leyen anunció que la Comisión propondría suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación UE-Israel, una serie de medidas comerciales que no obstante tampoco ha logrado hasta ahora el respaldo de una mayoría cualificada de los Estados miembro.
