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El empresario y el trabajador de la 'escape room' de Cájar (Granada) donde una mujer salió abrasada en junio de 2022 han recurrido la sentencia que les condena a dos años de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave.
Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2022, cuando la víctima participó en un juego en la modalidad 'hardcore' o de emociones fuertes desarrollado en este inmueble, conocido como 'Villa Amparo'. En el transcurso de la actividad la rociaron con un líquido que llevaba gasolina y le prendieron fuego. Las llamas le provocaron lesiones graves que obligaron a su ingreso en la UCI y a someterla a tres intervenciones.
Los dos condenados no discuten en sus recursos la realidad de las graves lesiones sufridas por la víctima, pero sí disienten del grado de responsabilidad que les atribuye la jueza en este fatal desenlace, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
El empresario y responsable de la actividad rechaza que se le imponga el mismo castigo penal que al trabajador que no comprobó el líquido previamente y desoyó luego la advertencia de la víctima de que olía «mucho a gasolina» antes de acercarle la llama del mechero.
Esta parte hace hincapié en que depositó su confianza en el trabajador después de que se hubieran realizado entre 100 y 200 representaciones en la modalidad hardcore, en su conocimiento de la comprobación de la mezcla y en su capacidad personal.
Así, el empresario solicita a la Audiencia de Granada que se individualice la contribución de cada uno de los implicados en los hechos, después de que se les haya impuesto la misma pena de prisión y que se revoque la sentencia absolviéndole.
Alternativamente pide que se califiquen los hechos como un delito de lesiones por imprudencia menos grave imponiéndole una multa o, en el caso de mantenerse la imprudencia grave, reduzca la prisión a un año.
El empleado mantiene por su parte que realizaba su trabajo conforme a las instrucciones del empresario y que no se le pueden atribuir los fallos en el protocolo de la actividad para la que estaba contratado a tiempo parcial, sin que hubiera recibido formación alguna al respecto y sin que el empresario realizara una supervisión de cómo había de realizarse la mezcla de la sustancia que luego se rociaba en el cuerpo a los participantes.
El trabajador siempre ha mantenido que había vuelto de pasar unos días de vacaciones y no preparó personalmente la garrafa que posteriormente se vertió sobre el cuerpo de la mujer. Por ello, pide que se califique su implicación en los hechos como un delito de lesiones imprudentes menos grave y se le condene a multa.
Fiscalía y acusación particular habían solicitado que los acusados indemnicen a la víctima en cerca de dos millones de euros por las lesiones y los daños sufridos. No obstante, esto se está reclamando en un procedimiento civil para que la causa penal no se demorara más. Tras lo ocurrido, la escape room anunció la suspensión de su actividad.
