La séptima semana del juicio sobre la 'Operación Kitchen' enfrenta las pruebas documentales en las que se exhibirán decenas de archivos y audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre ellos uno de unas nueve horas, como paso previo a las declaraciones de los acusados, que se esperan pronto pero no tienen una fecha asignada.
El proceso juzga el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido y obstaculizar, así, la investigación sobre el 'caso Gürtel', que indagaba en la existencia de una contabilidad opaca en el seno de la formación política.
Durante la semana que viene se escucharán decenas de audios y archivos obtenidos en 2017 de los registros a los domicilios de Villarejo, acusado en este juicio, donde agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontraron una gran cantidad de documentación, grabaciones y agendas llenas de anotaciones.
Todo ello ha constituido las pruebas que han servido para sustentar las acusaciones de la 'Operación Kitchen' y otras piezas de la macrocausa 'Tándem', también conocida como 'caso Villarejo'.
En la última semana, un miembro del Centro Criptológico Nacional aseguró en el juicio que de los archivos hallados, varios estaban encriptados, que de esos lograron descifrar menos de la mitad y que cesaron su trabajo después de un año sin lograr avances.
El perito aseveró que tardarían «años o incluso siglos» en conseguir descifrar los 92 archivos encriptados de Villarejo que se intervinieron, y que tras acceder al contenido de 40, pararon porque llevaban «un año consumiendo recursos sin obtener nada».
Una vez finalizadas las documentales será el turno de los acusados, que podrían comenzar a declarar a finales de la semana que viene, entre los que se encuentra Villarejo, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de prisión, por presuntamente haber captado como informador al que fue chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para el que el fiscal reclama una pena de 12 años y cinco meses.
Asimismo, también están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes el Ministerio Público pide 15 años de cárcel.
