El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la muerte de tres presuntos narcotraficantes en un nuevo ataque aéreo ocurrido este pasado sábado contra una lancha que navegaba por el Pacífico oriental, en el último episodio de su operación antidroga en la región, que ha dejado ya 202 fallecidos en ocho meses.
El Mando Sur del Ejército norteamericano ha informado en redes sociales del ataque contra la lancha, que «transitaba por una conocida ruta de narcotráfico en el Pacífico» y «estaba participando en una operación de tráfico de drogas».
En este último episodio, «tres narcoterroristas, todos hombres, murieron en esta operación», según ha informado el Mando Sur. El pasado viernes otro ataque dejó otros dos muertos en el Pacífico colombiano.
La operación Lanza del Sur es una iniciativa militar dirigida contra los cárteles de la droga que Estados Unidos ha designado como «organizaciones terroristas», como el cártel de los Soles, pero también ha alcanzado un ámbito político al señalar directamente a gobiernos latinoamericanos como el venezolano, y en particular al presidente Nicolás Maduro, ahora bajo custodia estadounidense.
Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado toda esta operación al considerar que Estados Unidos está cometiendo asesinatos extrajudiciales y que la Casa Blanca «no ha presentado ninguna prueba» de que las víctimas hayan cometido delitos ni han identificado un solo nombre entre los fallecidos, como ha recordado Amnistía Internacional.
«Las autoridades estadounidenses también han optado por no procesar a ningún superviviente de los ataques aéreos, sugiriendo que, de ser ciertas las acusaciones de tráfico ilícito, carecen de pruebas suficientes para ganar un caso en su contra. En su lugar, han liberado sin cargos a las personas capturadas con vida», lamentó Amnistía.
«Independientemente de si las víctimas cometieron delitos o no, asesinarlas es completamente ilegal según las leyes estadounidenses e internacionales», ha declarado a este respecto la directora nacional de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos, Amanda Klasing.
«Los presuntos sospechosos de delitos deben ser procesados por las fuerzas del orden, que están sujetas al derecho internacional de los derechos humanos, el cual prohíbe el uso de la fuerza letal a menos que sea absolutamente necesario ante una amenaza inminente para la vida», ha añadido.
