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El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha defendido este miércoles la labor de las fuerzas del orden durante las protestas estudiantiles de las últimas dos semanas, asegurando que su misión es «proteger a los jóvenes» y mantener el Estado de derecho, frente a las acusaciones de represión policial manifestadas por los principales sindicatos educativos. Sus declaraciones se producen a las puertas de una nueva jornada de huelgas y movilizaciones convocada para este jueves en todo el país.
En un discurso a la nación, Lecornu ha reconocido el derecho a la manifestación de los estudiantes, pero ha condenado la violencia desatada en los últimos días, que ha dejado establecimientos incendiados, personal educativo agredido y decenas de policías y gendarmes heridos. «No se puede jugar con la seguridad de los jóvenes de Francia», ha advertido el primer ministro, señalando a los responsables políticos que «utilizan esta ira para librar sus batallas electorales».
Lecornu ha sido tajante al afirmar que las fuerzas de seguridad no tienen instrucciones de enfrentarse a los jóvenes, sino de «permitir el acceso a los centros escolares» y «hacer respetar la ley» de manera «proporcionada». No obstante, ha garantizado que, en caso de lesiones graves a menores, «las investigaciones deberán establecer las circunstancias con total transparencia».
Esta defensa institucional contrasta con el balance de las protestas, que arrojan más de 300 heridos entre estudiantes y profesores y cerca de 6.600 detenidos. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha negado que exista represión organizada y ha apuntado a movimientos de «extrema izquierda» como instigadores de la violencia en los suburbios parisinos.
Pese a defender la actuación general de los agentes, Nuñez anunció recientemente la suspensión del uso de granadas aturdidoras tras el caso de un adolescente de 15 años que perdió una mano por el impacto de uno de estos proyectiles en la ciudad de Lens. Por su parte, el ministro de Educación, Édouard Geffray, ha culpado a los estudiantes heridos por su «imprudente comportamiento».
Para tratar de apaciguar el malestar estudiantil, el Gobierno galo ha lanzado cinco ejes de trabajo que incluyen la mejora de las condiciones materiales en los institutos, la reestructuración de los horarios, mayor transparencia en el sistema de acceso a la educación superior y la creación de un «marco de expresión más claro y responsable» para el alumnado. Las primeras decisiones derivadas de estas medidas se presentarán a finales de octubre, según ha anunciado Lecornu.
«La ira de los jóvenes no surge de la nada», ha admitido, recordando los «considerables esfuerzos» que se les exigieron durante la pandemia y la ansiedad generada por la crisis climática o el contexto bélico internacional.
Para canalizar estas inquietudes, el Ejecutivo ha activado una plataforma de diálogo que, según Lecornu, ha recogido ya más de 40.000 aportaciones, evidenciando una fuerte demanda de mejora en la organización del tiempo y los recursos en las aulas. Sin embargo, los sindicatos han acogido con escepticismo estas iniciativas y han confirmado la continuación de los paros, tachando de «inaceptable» que el Gobierno aún no haya respondido materialmente a las demandas.
En clave económica, el primer ministro ha apelado a la unidad y al «patriotismo» del Parlamento para aprobar los presupuestos generales frente a las presiones internacionales. En concreto, Lecornu ha asegurado que el presupuesto de 2027 contemplará una partida de 64.000 millones de euros para la Educación Nacional, lo que supone —según Lecornu— un incremento de 1.200 millones respecto al año anterior, con el objetivo de financiar las prioridades de los institutos y facilitar el debate de las cuentas educativas previsto para el 12 de noviembre en la Asamblea Nacional.
