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Los presidentes de los consejos, federaciones y agrupaciones de hermandades y cofradías de Andalucía, reunidos en Almería, han reclamado una reunión de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con los nueve consejos, federaciones y agrupaciones de las ocho capitales de provincia andaluzas y Jerez de la Frontera con «voluntad de abordar» el cobro de derechos de autor por las marchas procesionales «de forma constructiva» y a fin de «buscar un entendimiento desde el respeto a los autores y a la realidad de las hermandades y cofradías».
En un comunicado, los máximos representantes de las cofradías han expresado su «máximo respeto y reconocimiento a los autores y compositores, cuya aportación artística constituye una parte esencial de la Semana Santa y las procesiones de Gloria». «Comprendemos y respetamos su legítimo interés en percibir la remuneración que corresponda por sus obras», han afirmado.
Sin embargo, han reconocido que les sorprende «profundamente» haber conocido estas medidas a través de los medios de comunicación, «sin ningún contacto previo y con una tarifa y un calendario de aplicación aparentemente ya definidos». «Entendemos que el diálogo debía haber precedido al anuncio de estas medidas, especialmente cuando la propia SGAE ha manifestado su voluntad de mantener encuentros con los consejos, federaciones y agrupaciones», han concluido.
La SGAE ha aprobado una tarifa equivalente al 7% del importe de los contratos con bandas para las procesiones en las que se interpreten obras protegidas. El director territorial de la entidad en Andalucía, José Lucas Chaves, ha señalado que la previsión es comenzar a cobrarla en la Semana Santa de 2027, aunque ha precisado que todavía no se ha fijado una fecha para exigir el primer pago.
La SGAE ha aclarado que la obligación de pago corresponderá a quien contrate la música para el cortejo. Puede tratarse de una hermandad, pero también de un ayuntamiento o de otra entidad organizadora, según cómo se gestione cada procesión. La banda, ha precisado, es únicamente la encargada de interpretar las composiciones.
«La banda es un ejecutante», ha señalado Chaves para distinguir entre el pago por la actuación de los músicos y los derechos de quienes han compuesto las obras que interpretan. A su juicio, son conceptos diferentes que deben quedar reflejados cuando se contrata acompañamiento musical para una procesión.
Así, la tarifa afectará a las procesiones en las que se interprete públicamente repertorio protegido, incluidas las celebradas en municipios pequeños y salidas extraordinarias. Chaves ha indicado que el criterio será la utilización de obras cuyos derechos de autor continúen vigentes, con independencia del tamaño de la localidad o de la entidad que organice el acto.
En este sentido, ha sostenido que gran parte de las marchas que se escuchan actualmente durante la Semana Santa siguen sujetas a derechos de autor. También ha defendido que remunerar a sus compositores favorece la creación de nuevas piezas, frente a la posibilidad de que las formaciones recurran únicamente a obras que ya se encuentran libres de derechos.
La SGAE vincula esta medida a una reivindicación mantenida durante años por los compositores de música procesional. Chaves ha señalado que en el verano de 2025 se creó la asociación estatal Musapro, con el apoyo de la entidad de gestión, y que el pasado enero se celebró en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla un encuentro nacional en el que se abordó el reconocimiento de estos autores.
