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La Sección Primera de la Audiencia de Granada prevé celebrar este lunes el final del juicio de la última pieza separada del 'caso Marchelo', la vinculada a presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín (Granada).
La sesión, en la que también está previsto que las partes expongan sus informes finales, fue aplazada a finales de septiembre por la ausencia de dos peritos de la Junta que han de declarar como testigos.
La suspensión vino a petición de la Fiscalía, que considera una prueba importante la declaración de estos dos técnicos de Ordenación del Territorio de la Junta en relación al encaje legal que la gasolinera pudo tener en los terrenos donde se edificó.
La acusación particular, ejercida por el empresario presuntamente perjudicado por esta estación de servicio, se adhirió a la petición del Ministerio Fiscal para que el testimonio de los peritos —cuyos informes contrarios a la gasolinera constan en la causa— sea escuchado en Sala de manera pormenorizada.
Esta pieza afronta su desenlace después de que la instrucción de la macrocausa a la que pertenece se haya dilatado durante casi veinte años. En el banquillo de los acusados se sienta el concejal de Urbanismo en el momento de los hechos; otros dos concejales que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y los dos empresarios a los que se concedió la licencia para la gasolinera.
La Fiscalía les acusa de delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa por unos hechos que se remontan a 2002, cuando el entonces alcalde, José Guerrero (PP), presuntamente negoció la venta de una finca de su propiedad para la construcción y explotación en ella de una estación de servicio.
En la primera sesión del juicio, tanto el exconcejal de Urbanismo, Manuel Fernández, como el resto de exediles declararon que la gasolinera contó con los informes favorables de los técnicos y negaron presiones del alcalde para que votaran a favor del expediente, que se tramitó entre 2002 y 2003.
El Ministerio Fiscal solicita 18 meses de prisión para los tres exconcejales implicados y para el técnico municipal; y 21 meses de prisión para el empresario. La causa ha sido archivada provisionalmente para el exalcalde nonagenario por motivos de salud.
