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La Unión Europea y el Consejo de Europa han reclamado este viernes la «abolición universal» de la pena de muerte y han advertido de que países como Estados Unidos y China continúan aplicándola, en un contexto de aumento de las ejecuciones a nivel mundial, que crecieron un 78% en 2025 respecto al año anterior, pese a los avances registrados en algunos países hacia la eliminación de la pena capital.
«La Unión Europea y el Consejo de Europa se oponen inequívocamente a la pena de muerte, en todos los casos y en todas las circunstancias», han señalado en una declaración conjunta la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, con motivo del Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra este sábado 10 de octubre.
En el comunicado, ambas organizaciones han alertado de que, aunque únicamente se tiene constancia de ejecuciones en 17 países en todo el mundo durante 2025, el incremento del 78% respecto al año anterior resulta «alarmante», especialmente en Irán, donde se concentró la mayoría de las ejecuciones registradas.
También han señalado aumentos significativos en Egipto, Kuwait, Arabia Saudí, Singapur y Yemen, mientras que han recordado que «las ejecuciones continuaron en Estados Unidos» y que China no figura en las estadísticas internacionales debido al secretismo de sus autoridades, si bien se estima que el país asiático «llevó a cabo miles de ejecuciones» durante el pasado año.
En el caso de Europa, han recordado que Bielorrusia sigue siendo el único país del continente que aplica la pena de muerte y han reiterado su oposición a cualquier intento de reintroducirla o ampliar su aplicación, también en territorio europeo.
Ante esta situación, la UE y el Consejo de Europa han reclamado a todos los países que mantienen la pena capital que establezcan «una moratoria inmediata» de las ejecuciones como primer paso hacia «su abolición definitiva», así como que conmuten las condenas existentes y garanticen el cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos.
Asimismo, han expresado su especial preocupación por el uso de la pena de muerte para castigar delitos relacionados con las drogas, al recordar que el Derecho Internacional restringe su aplicación a los delitos más graves, entendidos como aquellos de extrema gravedad que implican homicidios intencionados.
Pese al aumento de las ejecuciones, ambas organizaciones han destacado los avances registrados durante el último año hacia la abolición de la pena capital, entre ellos la decisión de Líbano de eliminarla en agosto de 2026 y las reformas adoptadas por Gambia y Vietnam para reducir el número de delitos castigados con la muerte.
También han celebrado que Sierra Leona haya ratificado el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, mientras que Camboya, República Centroafricana y Chad han dado pasos hacia su ratificación.
«Estos ejemplos nos recuerdan que el cambio siempre es posible», han defendido en el escrito Kallas y Berset, que han reivindicado la importancia de promover el debate democrático, la participación de la sociedad civil y el papel de los profesionales de la justicia para alcanzar la «abolición universal» de la pena capital.
En esta línea, han celebrado la decisión de Marruecos de acoger en 2029 el décimo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte y han instado a todos los países a apostar por una justicia restaurativa y sumarse al movimiento internacional contra la pena capital.
El llamamiento se produce apenas un día después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciara su intención de hacer pública la ejecución por fusilamiento del excomandante y psiquiatra militar Nidal Malik Hasan, condenado por asesinar a trece personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood, en Texas, en 2009.
La ejecución, que está prevista para el próximo 3 de diciembre, se podrá presencial públicamente para demostrar que este tipo de crímenes tienen «graves consecuencias», según ha defendido el jefe del Pentágono.
Asimismo, la declaración se ha hecho pública mientras Christa Pike, condenada a muerte en el estado de Tennessee, permanece hospitalizada y consciente después de que dos inyecciones letales no lograran acabar con su vida a finales de septiembre, un episodio que ha provocado la suspensión de las ejecuciones en ese estado y la dimisión del responsable de su Departamento Correccional.
