Los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembro de la UE han acordado este lunes sanciones a 13 personas por su participación en la masacre de la ciudad ucraniana de Bucha y por coordinar campañas de manipulación e injerencia de información extranjera contra la Unión Europea y sus Estados miembro.
Concretamente, el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas ha aprobado en el cuarto aniversario de la masacre de Bucha sanciones contra nueve personas que desempeñaron "un papel importante" en los hechos y que, por lo tanto, "son responsables de acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania"
Los ministros han incluido en su lista de sanciones al coronel general Aleksandr Chayko, excomandante del Distrito Militar Oriental y el oficial militar ruso de mayor rango sobre el terreno en Ucrania al comienzo de la invasión a gran escala. Era el comandante en jefe en Ucrania cuando las tropas rusas entraron en Bucha.
Las nuevas sanciones también afectan a otros altos mandos militares que comandaron tropas rusas en Ucrania al inicio de la agresión y que cometieron atrocidades contra los residentes de Bucha y zonas vecinas como Gostomel, Irpin y Borodianka, y que dirigieron sus unidades cuando cientos de civiles fueron asesinados, en algunos casos "mediante brutales ejecuciones".
El Consejo también ha aplicado medidas restrictivas contra cuatro personas por manipulación e injerencia de información extranjera contra la UE, entre ellos el propagandista ruso Serguéi Kliuchenkov , quien ha desempeñado "un papel activo" a justificar la invasión rusa Ucrania.
También se han aplicado al presentador de noticias ruso de origen lituano Ernest Mackevicius, quien ha difundido regularmente narrativas falsas sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por último, se ha sancionado al propagandista Graham Phillips y al presentador de medios Adrien Bocquet, de origen británico y francés respectivamente, también por justificar la invasión rusa.
Las sanciones implican, en ambos casos, la prohibición de entrada en el territorio comunitaria para las personas sancionadas, el embargo de bienes para las personas y entidades, así como la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de estas personas.
