La Unión Europea ha reiterado este viernes su condena a la represión por las autoridades de Nicaragua y ha expresado su preocupación por el continuo deterioro de los derechos fundamentales y de la situación política en el país centroamericano.
En un comunicado difundido en nombre de los Veintisiete por la Alta Representante de la UE, el bloque comunitario ha sido nuevamente al Gobierno nicaragüense a poner en libertada a todos los presos políticos, restaurar plenamente el Estado de derecho y permitir el regreso de las organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.
Asimismo, Bruselas ha defendido la necesidad de impulsar un proceso de diálogo entre el Ejecutivo y la oposición con el objetivo de avanzar hacia una salida negociada, pacífica y democrática a la crisis que atraviesa el país. En este sentido, ha subrayado la importancia de acometer las reformas electorales necesarias para garantizar un proceso con las debidas garantías.
La Unión Europea también ha reclamado a las autoridades de Nicaragua que convoquen los comicios previstos y velen por que se celebren conforme al calendario inicialmente establecido, cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia, inclusión y credibilidad.
El bloque comunitario ha reafirmado, además, su respaldo a la ciudadanía nicaragüense en sus aspiraciones a consolidar un sistema democrático basado en el respeto a lo Derechos Humanos y el Estado de derecho.
Por último, la Unión ha señalado que mantiene su disposición a continuar el diálogo político con Managua a través de los canales diplomáticos correspondientes y en coordinación con los actores regionales, siempre desde el respeto mutuo.
Los Veintisiete se suman con este pronunciamiento al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha acusado este mismo miércoles a las autoridades de Nicaragua de «reprimir las libertades civiles y políticas del país» y obstaculizar el «pleno ejercicio de los derechos» de la población, instándolas a «liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que todos aquellos que han sido privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de Derechos Humanos».
