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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este jueves de la falta de detalles del gobierno colombiano sobre el nuevo enfoque de implementación del Acuerdo de Paz, después del giro acerca de la seguridad implementado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, tras poner fin en agosto al proyecto del expresidente Gustavo Petro, de diálogos y negociaciones con diferentes grupos armados del país.
En el informe más reciente sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia —que monitorea, verifica y apoya la implementación del Acuerdo de Paz—, Guterres ha señalado que «los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan».
Así se ha referido a la nueva etapa política que inicia el país, tras una transición democrática pacífica, destacando que «el nuevo gobierno es el tercero que hereda las instituciones, compromisos y avances del Acuerdo de Paz».
Guterres ha querido enfatizar que, aunque el gobierno colombiano «aún no ha detallado el enfoque para su implementación, el ejecutivo ha manifestado su intención de cumplir con la Constitución y las obligaciones jurídicas del Acuerdo».
«La implementación del Acuerdo», ha agregado el secretario general, «puede contribuir al logro de varias prioridades del Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado».
Guterres ha afirmado que se ha puesto de relieve «tanto la resiliencia de las instituciones y la sociedad colombianas como la continua importancia del Acuerdo Final de Paz para promover la seguridad, el desarrollo y la estabilización territorial».
El informe, que abarca el período comprendido entre el 27 de junio y 26 de septiembre de 2026, ha resaltado como uno de los logros más significativos en el camino hacia la paz «la permanencia en el proceso de reincorporación de más de 11.000 excombatientes», que refleja los «esfuerzos sostenidos de las instituciones nacionales y locales y de las comunidades», ya que «las garantías de seguridad para esta población y las oportunidades socioeconómicas constituyen factores fundamentales de apoyo para la consolidación del proceso».
Sin embargo, para el secretario general «la inseguridad en las regiones afectadas por el conflicto y la violencia contra líderes sociales, comunidades étnicas y excombatientes siguen siendo motivo de gran preocupación».
Durante el período, la Misión verificó el asesinato de ocho excombatientes de las FARC-EP con lo que la cifra del presente año asciende a 13 personas. Aunque el nivel de violencia letal sigue siendo inferior al de años anteriores, en 2026 se han registrado 15 intentos de homicidio, frente a cinco en 2025.
Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 501 asesinatos de excombatientes, así como 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. La Defensoría del Pueblo documentó 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio de 2026.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) entre el 27 de junio y el 30 de agosto, 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 quedaron confinadas en 15 municipios de siete departamentos.
Por su parte, entre el 27 de junio y el 26 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales, en 17 departamentos.
