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Naciones Unidas ha alertado de las «graves limitaciones» causadas por las hostilidades desatadas la semana pasada en el norte de Etiopía sobre las operaciones humanitarias en la zona, después de que el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) lanzada una ofensiva a gran escala en la zona, amenazando con el estallido de un nuevo conflicto a gran escala en el país africano.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha afirmado que «el empeoramiento de las condiciones de seguridad en el norte de Etiopía se suma a las necesidades humanitarias y afecta a las operaciones humanitarias», que se han visto «gravemente limitadas por los cortes en las telecomunicaciones, la suspensión de vuelos desde y hacia Tigray y algunas zonas de Amhara y las restricciones en carreteras clave».
«Esto ha limitado los desplazamientos del personal humanitario, el transporte de suministros de socorro y la prestación de servicios esenciales», ha dicho, antes de resaltar que «las operaciones humanitarias ya se encuentran bajo una fuerte presión debido a la falta de financiación» y que «varios socios han reducido o suspendido sus actividades», lo que deja a menos organizaciones sobre el terreno y «amplía las brechas en la respuesta».
Así, ha afirmado que hay trabajos en marcha para «reforzar las medidas de preparación y contingencia para garantizar la continuidad del apoyo humanitario allí donde el acceso sigue siendo posible», al tiempo que ha hecho hincapié en que «es fundamental que todas las partes (en conflicto) garanticen un acceso seguro y sin trabas para que los socios humanitarios puedan llegar a las personas necesitadas».
El TPLF anunció el 23 de septiembre el inicio de una «guerra defensiva» frente a las tropas federales de Etiopía y recalcó que había tomado esta decisión «tras la intensificación de la invasión a través de varios métodos por parte del autocrático y genocida régimen del Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy —en referencia al primer ministro etíope, Abiy Ahmed— contra el pueblo de Tigray», después de semanas de tensiones y aumento de los ataques a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica.
El citado pacto, alcanzado en Pretoria tras dos años de guerra en el norte de Etiopía, implicó que Tigray quedara en manos de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país. Sin embargo, a principios de mayo el TPLF se hizo con el control de las autoridades regionales, lo que provocó unas tensiones y acusaciones cruzadas sobre incumplimientos de los términos de lo pactado.
