La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha anunciado este jueves el cierre de su sede en Burkina Faso para el mes de noviembre después de que las autoridades del país decidieran suspender sus actividades a raíz de un comunicado de prensa en el que se instaba al Gobierno a respetar el espacio civil.
«Lamento profundamente la decisión de las autoridades de Burkina Faso de suspender indefinidamente nuestras operaciones en el país, así como el hecho de que el intenso diálogo mantenido con el Gobierno desde entonces no haya servido para resolver esta situación», ha aseverado Turk en un comunicado.
Así, ha explicado que esto ha «afectado directamente las capacidades del organismo para cumplir con su mandato y ha llevado finalmente a adoptar la decisión de acabar con la presencia de estos representantes en el país». «A pesar del cierre, mi oficina seguirá comprometida y cooperará con el Gobierno, las instituciones nacionales y los miembros de la sociedad civil para preteger los Derechos Humanos en Burkina Faso», ha aclarado.
La sede nacional fue establecida en octubre de 2021 y, entre otras cosas, ha llevado a cabo labores de seguimiento y documentación en materia de Derechos Humanos y ha defendido su respeto ante líderes y entidades gubernamentales.
Desde la ONG Human Rights Watch (HRW) han lamentado la medida y han asegurado que esta sede es «la última víctima de la campaña de la junta militar para acabar con el escrutinio independiente». «Burkina Faso se está convirtiendo en un país donde los abusos graves de Derechos Humanos pueden ocurrir cada vez con mayor frecuencia sin testigos, lo que refuerza el ciclo de impunidad que alimenta futuras atrocidades», ha alertado.
«Tras meses de silencio por parte de la junta militar de Burkina Faso, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (...) podrá fin a su capacidad para supervisar, documentar e informar sobre las violaciones de los Derechos Humanos en un momento en que el conflicto continúa y las violaciones son generalizadas», ha apostillado.
El Gobierno suspendió las operaciones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en febrero, apenas unas semanas después de que Turk instara a las autoridades a poner fin a la represión del espacio cívico y a abandonar los planes para prohibir los partidos políticos. Posteriormente, ha solicitado aclaraciones sobre la duración de esta suspensión pero nunca ha recibido respuesta.
