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El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado este miércoles el recurso presentado por el magnate ruso Roman Abramovich, expropietario del club inglés de fútbol Chelsea FC, contra la prórroga de las sanciones de la Unión Europea por la invasión de Ucrania al considerar probados sus vínculos económicos con el Kremlin y que las medidas restrictivas en su contra son «precisas y proporcionadas».
En su fallo, el tribunal europeo de primera instancia ha rechazado la justificación del empresario de anular la extensión de las medidas —adoptadas por los Veintisiete en 2022 y prorrogadas hasta marzo de 2026—, y ha desestimado su petición de recibir una indemnización por «el perjuicio moral» que habría sufrido por las sanciones.
Abramovich, que fue obligado a vender el Chelsea FC, ya impugnó ante el TGUE su inclusión en las sanciones, aunque recibió una negativa por respuesta mediante dos sentencias en diciembre de 2023 y septiembre de 2025. Con la prórroga, el magnate volvió a presentar un recurso alegando que las sanciones fueron adoptadas por grupos de trabajo del Consejo de la UE sin haber recibido el mandato de los Estados miembro.
Pero el TGUE ha desestimado el argumento esgrimiendo que «en realidad» el Consejo «simplemente se basó en esos trabajos» preparatorios «para pronunciarse sobre la adopción de los actos impugnados», es decir, que los Estados miembro no renunciaron en ningún momento a adoptar la decisión final ni se delegó a uno de sus grupos de trabajo.
También ha defendido la objetividad y proporcionalidad de las sanciones, argumentando que las medidas no se basaron en su «notoriedad pública», sino en la aplicación de criterios «objetivos, suficientemente precisos y proporcionados».
Del mismo modo ha considerado probado que Abramovich es, entre otras cosas, «el principal accionista de Evraz», sociedad matriz de uno de los mayores grupos que operan en Rusia en los sectores de la siderurgia y la minería, y que posee asimismo participaciones en Norilsk Nickel, uno de los principales productores mundiales de paladio y un actor clave en el mercado del níquel refinado.
«Estas actividades, pertenecientes a los sectores siderúrgico y minero, representan, además, una fuente de ingresos sustancial para el Gobierno ruso», se lee en la sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo.
Por último, el TGUE ha defendido que las sanciones «respetan» el Derecho de la Unión, y en particular la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque aunque limitan derechos como la libre circulación, cuentan con base legal «clara», prevén excepciones y revisiones periódicas, y son proporcionales al objetivo de promover una «solución pacífica en Ucrania».
