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Una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado un nuevo intento de la Administración del presidente, Donald Trump, de limitar la ciudadanía por nacimiento y ha procedido a dejar sin efecto de forma parcial una orden ejecutiva emitida por el inquilino de la Casa Blanca en respuesta a la anulación de un decreto sobre este mismo asunto por parte del Supremo.
La jueza Deborah Boardman ha indicado que la Administración no puede emitir una nueva orden restrictiva al respecto, pero ha dejado sobre la mesa la posibilidad de que las agencias sigan trabajando en la elaboración de directrices sobre su implementación.
Además, ha señalado que había indicios de que esta nueva política era inconstitucional, de acuerdo con el anterior fallo del Supremo, según informaciones de la cadena de televisión estadounidense CNN.
A finales de junio, el Supremo falló que había «escasas pruebas» a favor de la reinterpretación que la Administración Trump hacía de una norma —la Decimocuarta Enmienda— que estipula que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos».
Con su directiva, Trump buscaba negar la ciudadanía estadounidense a los menores nacidos de madres que se encuentren en el país en situación irregular o con visados temporales, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales, lo que, de llevarse a cabo, podría afectar a unos 250.000 bebés nacidos en el país cada año, de acuerdo a los datos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Pensilvania.
El máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos ha ratificado en varias ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento, mientras que el Congreso también aprobó —incluso antes de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868— una ley federal que brinda este derecho a los nacidos en suelo estadounidense.
Trump ha convertido la restricción de la ciudadanía por derecho de nacimiento en un sello distintivo de su segundo mandato. Inmediatamente después de regresar al cargo el año pasado, el presidente emitió la orden ejecutiva, con la que buscaba negar la ciudadanía a dichos menores.
