La Sala Constitucional Segunda de La Paz ha aceptado parcialmente una tutela de acción y ha ordenado a los movimientos sociales levantar los bloqueos de carreteras que impiden el paso de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales en el marco de una huelga general indefinida contra el Gobierno boliviano.
«El bloqueo absoluto de carreteras, caminos, puentes y vías estratégicas no se encuentra protegido por el derecho a la protesta social cuando impide o restringe gravemente la salud, alimentación, educación, seguridad y libre circulación», indica la resolución judicial, emitida este viernes.
El fallo advierte además que las protestas cuentan con protección constitucional mientras sean pacíficas, proporcionales y respeten corredores humanitarios, rutas alternas, derechos de terceros y bienes públicos o privados. Aclara así que las marchas, cabildos, vigilias y huelgas continúan estando permitidas bajo esas condiciones.
Asimismo, la resolución insta al Gobierno a aplicar las medidas necesarias para levantar los bloqueos de manera pacífica, mediante el diálogo. En caso de que las medidas de presión persistan, las personas responsables deberán ser procesadas individualmente por el Ministerio Público.
La Sala Constitucional también ha ordenado habilitar de forma inmediata y permanente corredores humanitarios para ambulancias, medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos, agua y transporte de personas en situación vulnerable, entre ellas menores, adultos mayores y mujeres embarazadas.
El dictamen es en respuesta a la acción presentada por el exdiputado Amílcar Barral contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; contra el senador suplente Nilton Condori, además del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Los bloqueos afectan especialmente al departamento de La Paz, donde las vías están cerradas desde hace casi dos semanas. El bloqueo ha comenzado a afectar a la población con escasez de alimentos, medicamentos y combustible.
Para Barral, impulsor del recurso, este fallo permite al Gobierno «utilizar cualquier recurso» para levantar los bloqueos, lo que supone «una facilidad que le da la justicia al Ejecutivo», ha planteado en una entrevista con el diario boliviano 'El Deber'.
En concreto, Barral plantea que el Gobierno dicte el estado de excepción «en departamentos individualizados, o en todo el país, para que ya se calme toda esta ola de movilizaciones que está siendo más política que otra cosa», ha argumentado.
El Gobierno ha realizado expresado su disposición a dialogar, pero la COB, el movimiento indígena boliviano de Los Ponchos Rojos y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz mantienen las medidas de presión.
