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El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, ha detallado este miércoles que la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio instará a la promotora Azata del Sol a acometer el proyecto de demolición del hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), como principal alternativa antes de recurrir al protocolo suscrito con el Gobierno en 2011, sentido en el que no descarta el empleo de multas.
En declaraciones a los medios, el delegado ha especificado que el expediente anunciado por el Gobierno andaluz destinado a restablecer la legalidad urbanística en el paraje protegido se inicia «frente a Azata» y, por tanto, es la promotora la que deberá «redactar un proyecto de demolición» y ejecutarlo, para lo que no se descarta recurrir a «multas coercitivas y reiterativas», según el delegado.
No obstante, Góngora ha afirmado que el expediente contará con «todas las garantías de audiencias» y «de recursos» tanto en vía administrativa como judicial, lo que abre una nueva senda destinada a demoler el establecimiento tras la aprobación de acuerdos municipales para anular su licencia y declarar el paraje no urbanizable de especial protección.
El delegado ha afirmado que, si dentro de este proceso no se consiguiera que Azata ejecutara la demolición del hotel, entonces la Junta recurriría al protocolo suscrito a finales de diciembre de 2011 con el Gobierno para que el Ejecutivo central efectúe la demolición. «La Junta de Andalucía se encargaría de todo el desescombro y el tratamiento de todos esos residuos», ha recordado.
Con esta segunda vía, conforme su planteamiento, «ambas administraciones tendrían que volver a sentarse para acordar un nuevo marco de financiación para toda esa restauración ambiental, que sería el último paso» y el «más determinante» para recuperar el espacio.
La actuación se ampara en la competencia que la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), atribuye directamente a la Comunidad Autónoma para defender la legalidad territorial cuando se producen actuaciones contrarias a la ordenación del territorio. Entre esos supuestos se encuentran las actuaciones que afecten a suelos especialmente protegidos y al espacio litoral.
El expediente permitirá determinar las medidas necesarias para devolver los terrenos a la situación anterior a la construcción del hotel. El informe elaborado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo antes de iniciar el procedimiento establece que esa restitución deberá incluir el desmantelamiento de servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición del hotel y la restauración de los terrenos, con el objetivo de recuperar los valores que justificaron su especial protección.
El hotel, al que se concedió licencia para su construcción en enero de 2003, se levanta sobre terrenos clasificados ya como suelo no urbanizable de especial protección, dentro del entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La protección de estos suelos y la eliminación de la licencia de obras han sido durante los últimos años los dos pilares de la estrategia jurídica seguida por la Junta para alcanzar la restitución completa de la legalidad.
