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La Delegación de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en Huelva ha acogido el acto de constitución del grupo de trabajo a nivel provincial del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, un órgano asesor puesto en marcha por la Junta con los objetivos de abordar este tipo de violencia física y verbal y evaluar las medidas que se están desarrollando para prevenirla, detectarla y actuar de forma eficaz.
Según ha indicado la Junta en una nota, el grupo de trabajo ha estado presidido por el delegado del ramo, Juan Carlos Duarte, el grupo de trabajo nace como instrumento técnico de apoyo al Observatorio andaluz y se dedicará, desde una perspectiva y con un enfoque más local, al análisis, seguimiento, evaluación y formulación de propuestas en relación con las agresiones a los profesionales que pertenecen a los centros de salud y hospitales onubenses.
Además de personal técnico de la Delegación, está integrado por los interlocutores policiales sanitarios, los directores gerentes de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia, profesionales guía, responsables de prevención de riesgos laborales, los representantes de todos los colegios profesionales de ámbito sanitario tanto en Huelva como Andalucía — de Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia, Trabajo Social, Fisioterapia, Odontología, Veterinaria, Podología, Terapia Ocupacional y Logopedia— y los sindicatos presentes en Mesa Sectorial.
Duarte ha reiterado el «compromiso» del Gobierno andaluz con la «protección de los profesionales sanitarios» y las políticas de «tolerancia cero» frente a cualquier tipo de agresión.
«Defender y cuidar a quienes cuidan de la salud es una prioridad absoluta, no vamos a tolerar ninguna agresión a nuestros profesionales, bajo ningún concepto se puede justificar», ha añadido el delegado territorial, a la vez que ha realizado un «llamamiento público» contra estos comportamientos incívicos, invitando «a hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto», en tanto que «es una responsabilidad compartida».
El desarrollo de esta última actuación se enmarca dentro del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en el SAS, que engloba todas las medidas que se llevan a cabo por parte de la administración sanitaria andaluza para dar respuesta a esta problemática.
Entre las más recientes, el personal agredido cuenta con un programa especial de acompañamiento y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura del profesional guía tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.
El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y se ofrece asesoría jurídica para quien decide denunciar.
Dicho plan refuerza las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Igualmente, mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales, que también se han reforzado.
Otras de las acciones son el impulso de la formación de los profesionales y actividades de comunicación y concienciación en los propios centros para informar a los usuarios. Como principal avance en este campo, desde la Junta se va a aprobar una ley específica sobre agresiones a profesionales del SAS que recogerá un régimen sancionador con multas para los agresores que podrán alcanzar hasta los 60.000 euros en función de la gravedad de los hechos.
La entrada en vigor de la norma irá acompañada de medidas complementarias, tales como la restricción o condicionamiento del acceso a centros sanitarios, el cambio de centro o profesional asignado al agresor o la coordinación con las acciones judiciales.
