Artículo completo
El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha destacado este viernes los avances administrativos del proyecto de Ryanair para instalar un centro de reparación de motores en el puerto de Sevilla, aunque ha precisado que la aerolínea todavía no ha dado su confirmación definitiva. Según ha explicado, la compañía dispone de la autorización ambiental, ha solicitado la ocupación del espacio portuario y ha aportado las garantías necesarias.
En declaraciones a los periodistas durante la presentación de los nuevos fondos de capital riesgo de Andalucía Trade, Paradela ha señalado que estas actuaciones apuntan a la implantación del proyecto en Sevilla, si bien ha advertido de que «todavía no hay una luz verde definitiva por parte de la aerolínea».
El consejero ha explicado que la intención de Ryanair es aprobar la inversión en su consejo de administración antes de que termine el año. Ha vinculado la necesidad de este acuerdo al alcance de la operación, que supondría asumir internamente una actividad que hasta ahora la compañía de bandera irlandesa realizaba a través de terceros.
«Para ellos es un cambio de modelo de negocio muy importante», ha manifestado Paradela, quien ha señalado que se trata de una decisión de especial relevancia para la compañía y que debe someterse a sus órganos de gobierno.
La previsión de decidir antes de final de año ya fue anunciada en julio por el consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, quien situó en 500 millones de euros la inversión y explicó que Sevilla competía con un emplazamiento en Polonia. Entonces indicó que las obras podrían comenzar en enero o febrero de 2027.
Paradela ha calificado el proyecto de «enormemente complejo» y ha explicado que la Junta mantiene reuniones telemáticas con Ryanair cada quince días para resolver los distintos aspectos necesarios para su desarrollo. «Estamos aprendiendo todos muchísimo», ha afirmado sobre el trabajo de acompañamiento a Ryanair.
Entre los avances, ha destacado la obtención de la declaración de impacto ambiental que, según ha indicado, se concedió dos meses antes del plazo previsto y acordado con la empresa. También ha subrayado que Ryanair ya ha solicitado la ocupación de los terrenos en el puerto de Sevilla y ha presentado las garantías correspondientes.
En relación con el suministro eléctrico, el consejero ha defendido el papel de la Junta para articular la disponibilidad de potencia necesaria para este y otros proyectos portuarios. En este sentido, ha señalado que el presupuesto autonómico de 2026 incluye una subvención nominativa al puerto de Sevilla para acometer las actuaciones necesarias.
Preguntado por las ayudas a la inversión, ha explicado que se trabaja con los incentivos económicos regionales, el instrumento estatal de apoyo a la inversión industrial, y con incentivos complementarios que aportaría la Junta con fondos propios. Paradela ha defendido que el marco europeo de ayudas permite reforzar la competitividad en la captación de proyectos industriales y tecnológicos.
El consejero ha precisado que corresponde a la comunidad autónoma proponer y tramitar el expediente, mientras que la aprobación final compete al consejo rector de los incentivos económicos regionales, liderado por el ministerio de Hacienda. Según ha indicado, el expediente fue remitido en marzo de este año y está pendiente de la celebración de ese órgano, aunque ha declinado concretar la cuantía de las ayudas.
Paradela ha señalado asimismo que la compañía no ha descartado desarrollar más de un taller de reparación integral de motores. Sobre esta posibilidad, ha insistido en que la prioridad del Gobierno andaluz es asegurar la implantación en la comunidad: «Lo que queremos es que, si hay uno, sea en Andalucía».
Como antecedente, la Junta concedió en agosto la Autorización Ambiental Unificada Simplificada al proyecto de Negocios Raiseber SL, filial de Ryanair, para construir un centro de reparación, revisión y ensayo de motores aeronáuticos en el puerto de Sevilla. La resolución consideró compatible su incidencia ambiental, condicionada al cumplimiento de las medidas establecidas.
La documentación ambiental recogía una inversión de 290 millones de euros para el complejo industrial y una capacidad anual de 200 eventos de mantenimiento de motores. Las instalaciones previstas incluyen una nave de mantenimiento, un banco de pruebas, almacenes y una zona de almacenamiento y distribución de combustible, además de sistemas auxiliares.
El proyecto planteaba generar 950 empleos durante la explotación, de los que 600 serían directos y otros 400 durante la construcción. La autorización impuso medidas preventivas y correctoras sobre emisiones, ruido, vegetación, fauna y residuos, así como la prohibición de realizar vertidos en los cauces de la zona.
