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La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha preguntado a la Guardia Civil si recibió «alguna información en los días previos que hubiese podido alertar» de la «entrada irregular masiva» de miles de personas que cruzaron de Marruecos a Ceuta entre el pasado 30 y 31 de julio.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada solicita a la Jefatura de Información de Instituto Armado que informe del «dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas», así como sus circunstancias personales «conocidas».
En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quiere saber si consta «la causa y la data de la muerte», mientras que en lo relativo a los «supervivientes», reclama conocer «su identidad y datos de localización» que los agentes hayan podido recabar.
Esta semana, Tardón pidió un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional para saber si la entrada de personas procedentes Marruecos a Ceuta fue «una acción concertada» e impulsada por «un grupo criminal».
La magistrada acordó abrir diligencias previas tras una denuncia penal interpuesta por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, «integrantes de organizaciones criminales» y autoridades españolas y extranjeras «que pudieran ser identificadas»
Iustitia Europa presentó la denuncia por delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
La jueza todavía tiene que resolver la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados, una cuestión sobre la que preguntó a la Fiscalía.
Unas 72.000 personas, de las que 70.000 ya han regresado, entraron masivamente el pasado jueves a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, una acción que le ha costado la vida a al menos 75 personas, según datos del Gobierno.
