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La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha acordado elevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el recurso presentado por la Comunidad de Madrid para reclamar el desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol al considerar que este órgano carece de competencia objetiva para resolver el asunto.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la jueza declara la falta de competencia objetiva y acuerda elevar las actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.
La decisión se produce después de que la jueza diera traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciaran sobre la competencia del juzgado.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno en Madrid, consideraron que corresponde al TSJM conocer el recurso. La Comunidad de Madrid también interesó la remisión de las actuaciones al tribunal superior si se entendía que era el órgano competente.
En su auto, la magistrada explica que el recurso de la Comunidad de Madrid impugna la «inactividad del Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid» por no ejercer, según sostiene la Administración autonómica, las competencias que le corresponden y «tolerar de forma persistente la ocupación ilegal de la Puerta del Sol de Madrid».
La jueza concluye que, al tratarse de una actuación de un órgano de la Administración periférica del Estado y tener el recurso una cuantía indeterminada, el asunto no corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, sino al TSJM, conforme a las reglas de competencia de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Por ello, declara la falta de competencia objetiva del juzgado y acuerda elevar las actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM «por si fueran de su competencia».
Las partes dispondrán de un plazo de diez días para comparecer ante el tribunal superior. La resolución supone que será ahora el TSJM el que determine si asume el conocimiento del procedimiento y, en su caso, deberá abordar la petición planteada por la Comunidad de Madrid.
Una vez que el asunto llegue al tribunal competente, se abriría el plazo legal de 48 horas para resolver sobre la petición de medidas cautelarísimas, según el procedimiento previsto para este tipo de solicitudes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves que el Gobierno regional acudiría a los tribunales ante lo que considera una «inacción» del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
La Comunidad de Madrid había solicitado medidas cautelarísimas para conseguir el desalojo inmediato del asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, después de que Ayuso acusara al delegado del Gobierno de permitir una «acampada ilegal» que, a su juicio, «nunca se debió permitir».
«Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir», afirmó la presidenta durante el Pleno de la Asamblea.
La iniciativa judicial había sido anunciada 48 horas antes por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien advirtió de que la Comunidad recurriría a la Justicia si el delegado del Gobierno no procedía al desalojo del asentamiento.
