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La magistrada del Tribunal de Instancia número 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores Canales, ha dictado el sobreseimiento de la causa abierta contra algo más de una veintena de taxistas del aeropuerto de Sevilla contra los que se abrieron diligencias previas por «presuntamente» actividades que «pueden constituir delito de organización criminal, coacciones y daños». En su auto, de 24 de septiembre, la jueza deja «sin efecto todas las medidas adoptadas durante la instrucción de la causa». «Una vez sea firme la resolución, archívense las actuaciones», dictamina la magistrada.
En el auto, adelantado por ABC y consultado por Europa Press, se especifica que cabe interponer un recurso de apelación aunque «la interposición de cualquier recurso no suspenderá la eficacia de este auto». A finales de 2021, el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ordenaba continuar por el trámite del procedimiento abreviado la causa incoada contra Solidaridad Hispalense del Taxi a título de persona jurídica y contra 27 taxistas de dicha entidad, por presuntos delitos de organización criminal, coacciones y daños para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, que cuenta con su propia tarifa especial con precios cerrados por carrera.
En dicho auto, la juez instructora detallaba que en el registro acometido en junio de 2017 en la sede de la entidad, instalada en el aeropuerto de Sevilla, fueron descubiertas anotaciones sobre las «conductas a sancionar y entre ellas la imposición de 15 días» sin trabajar en la parada de taxis del aeródromo «por perder la vez dejando el túnel (de llegadas) vacío y carga, 15 días por perder la vez dejando el túnel vacío y no carga, (...), siete días por insultar o faltar el respeto a los compañeros, 30 días por intentar pegar a un compañero o 90 días por pegarle e incluso sanciones tan llamativas como si se ensucia las instalaciones tirando cualquier tipo de basura al suelo, 15 días limpiando las instalaciones y tres días a dar carreras a Sevilla».
«Se han encontrado cartas de sanción con la máxima pena que tipifican, cuál es la de la expulsión por motivo de no asistir a una concentración o por motivo de haber faltado a una movilización», determinaba la juez, según la cual «la propia naturaleza de las sanciones impuestas pone de manifiesto el dominio y uso exclusivo que de la parada del aeropuerto realiza la asociación, hasta el extremo de que todas las sanciones van referidas a prohibición de cargar en la parada del aeropuerto, no del ejercicio general de la actividad ni de ningún otro extremo, lo cual pone claramente de manifiesto que tienen el dominio y uso exclusivo de la misma».
Al punto, agregaba que en la sede de la entidad, el registro policial se saldó con el hallazgo de «fotografías de vehículos de la Policía Local y de agentes, en concreto de los agentes que realizaban el mayor número de actuaciones en las instalaciones del aeropuerto».
Según la juez, la asociación sería «una verdadera organización criminal, un grupo perfectamente estructurado y jerarquizado a cuyo frente se encuentra» el entonces presidente Enrique Filgueras «y tras este los demás miembros de la directiva, quienes vienen recibiendo instrucciones e indicaciones directas de este», para «un monopolio del servicio de taxis en el aeropuerto de Sevilla».
Sin embargo, en 2022, la Sección Cuarta de la Audiencia estimó parcialmente un recurso de Solidaridad Hispalense del Taxi, revocando los autos de fecha 23 de julio y 12 de noviembre de 2021 dictados por el Juzgado de Instrucción número ocho y declarando «no haber lugar a prórroga del plazo de instrucción», lo que implicaba «la inutilizabilidad» de las diligencias acordadas en las presentes diligencias previas tras el 9 de enero de 2018. El abogado de los investigados, Simón Fernández Rebollo, recuerda que han hecho falta «nueve años» para que se haya dictado este auto tras el emitido en el verano de 2022 por la Audiencia que «de facto obligaba a la juez a archivar y ha tardado más de cuatro años».
