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La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha decidido quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, después de que la Fiscalía informara a favor de su competencia.
En un auto recogido por Europa Press, la jueza señala que se trata de «una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta».
Tardón abrió diligencias previas sobre lo ocurrido en Ceuta tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y tenía que resolver sobre su competencia, para lo que había pedido opinión a la Fiscalía.
La Fiscalía se mostró partidaria de que Tardón asumiera la causa al entender que «los efectos más relevantes» de lo sucedido en la ciudad autónoma «se produjeron en territorio español» y que la Audiencia Nacional está capacitada para «afrontar fenómenos criminales complejos y organizados».
El fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, señaló que el tribunal es competente para conocer del asunto referido, ya que —según indicó la Fiscalía en una nota de prensa— «hay que tener en cuenta que el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional».
«De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español», apuntó.
El Ministerio Fiscal indicó que «los hechos investigados serían constitutivos, sin perjuicio de la ulterior calificación jurídica que resulte de la instrucción, de delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados».
Unos hechos que, bajo su punto de vista, pueden ser considerados «en esta fase inicial del procedimiento» como presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, «agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas», y en concurso con homicidio y lesiones por imprudencia grave, así como supuesta organización o grupo criminal.
La Fiscalía expuso que la investigación deberá determinar si los hechos «pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado».
Además, solicitó que, «dada la concurrencia de razones excepcionales», la jueza declare el secreto parcial de las actuaciones.
