La jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente de trenes ocurrido en Adamuz el día 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en la causa como actor civil.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han explicado que es una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia en la que se recoge dicha personación como actor civil.
En este sentido, han precisado que sólo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero "no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción", han detallado las fuentes.
Al respecto, el Gobierno andaluz confirmaba este miércoles en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que había solicitado personarse en las diligencias abiertas, una vez que mandató a su gabinete jurídico a que diera ese paso procesal.
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reclamó en este sentido que "se llegue hasta el final de la investigación", una aspiración sobre la que ha asegurado que "se lo debemos a las víctimas, a sus familiares", sobre quienes ha sostenido que "siempre" el Gobierno andaluz "estará a su lado", por lo que ha reivindicado "acompañarles aquí y en los tribunales".
"Lo importante y lo urgente es que se conozca toda la verdad", se ha ratificado la consejera y portavoz, quien ha sostenido como "dos caminos paralelos" el trabajo legal de la Junta con la creación de la figura del Comisionado de atención a las víctimas que anunció y ratificó en el Consejo de Gobierno de 18 de marzo, celebrado en el propio municipio cordobés.
Esta iniciativa procesal de la Junta de Andalucía sobre el accidente ferroviario de Adamuz se suma al rol que han asumido otras administraciones, como han sido los casos de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, cuya legitimación procesal para asumir la acusación popular se cuestionó el Juzgado de Montoro y se las denegó.
Ese rechazo llevó a ambos municipios a elevar un recurso de reforma ante el propio juzgado, como ya ha hecho el de Punta Umbría, un paso previo a la posibilidad de recurrir esa negativa ante la Audiencia Provincial de Córdoba dentro de un planteamiento de "agotar todas las vías legales".
