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El diputado provincial de La Izquierda de Huelva —Izquierda Unida, Verdes-Equo, Podemos e Iniciativa—, Marcos Toti, ha solicitado a la Diputación Provincial que ofrezca apoyo técnico al Ayuntamiento de Lucena del Puerto para impulsar proyectos de alojamiento digno para temporeros. La petición llega después de que el consistorio de Lucena haya informado de que el municipio ha pedido un aplazamiento para una subvención de 1,6 millones de euros del Ministerio de Vivienda para 2026.
En nota de prensa, Toti ha explicado que el Ministerio atribuye la renuncia al estado de ejecución de los proyectos financiados en 2025 y a las «dificultades iniciales» para ponerlos en marcha. «Si el Ayuntamiento necesita personal técnico para redactar, tramitar o ejecutar los proyectos, la Diputación debe sentarse con él y poner sus recursos a disposición. Prestar ese apoyo a los municipios que no tienen medios suficientes es una de las principales responsabilidades de la institución provincial», ha señalado Toti.
El diputado ha pedido que ambas administraciones analicen el estado de las actuaciones previstas y trabajen para que Lucena del Puerto pueda aprovechar futuras oportunidades de financiación. Toti ha recordado que la situación de los asentamientos de temporeros forma parte de los compromisos comunes del Pacto por las Infraestructuras de Huelva. «La Diputación no puede eludir su responsabilidad en una cuestión que afecta a los derechos humanos y sobre la que existe un acuerdo provincial. Tiene que pasar de los compromisos al apoyo efectivo a los ayuntamientos», ha afirmado.
El representante de La Izquierda de Huelva ha calificado de «derrotista» la posición del alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor (PP). «Un ayuntamiento no puede dar por imposible la puesta en marcha de políticas activas de vivienda y dejar escapar una subvención millonaria destinada a mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan en el campo. Si faltan medios, hay que buscarlos y pedir colaboración institucional», ha manifestado.
Toti ha subrayado la «urgencia» de actuar tras el incendio del pasado 15 de septiembre en un asentamiento de Lucena del Puerto, en el que falleció un trabajador migrante. «No podemos aceptar que las dificultades administrativas se conviertan en una excusa para aplazar soluciones habitacionales. Hablamos de personas que necesitan vivir con seguridad y dignidad», ha concluido.
