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El informe de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón sostiene que los avisos previos a la crisis de Ceuta no predecían la entrada masiva de personas que finalmente se produjo por la frontera los días 30 y 31 de julio procedentes de Marruecos.
La Guardia Civil ha dado respuesta a las cuestiones concretas solicitadas por la jueza el pasado 5 de agosto sobre si los agentes desplegados en Ceuta recibieron aviso previo de la avalancha, entre otros asuntos relativos a datos de efectivos, de salvamento o de fallecidos, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo este jueves en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo no recibió los días previos a la crisis ninguna alerta o aviso de carácter extraordinario que anticipara la dimensión de la crisis. En este sentido, reiteró que no hay «pruebas» de la autoría de Marruecos, aunque garantizó que actuaría con «contundencia» si se lograba verificar esto.
Las citadas fuentes señalan que el informe de la Guardia Civil menciona la información compartida por los canales de cooperación habituales sobre la concentración de personas en el lado marroquí, pero sin que se llegara a vislumbrar la situación de colapso que se vivió en la frontera con más de 72.000 personas accediendo a nado a Ceuta y bordeando a pie el espigón.
En su providencia, la magistrada solicitaba a la Guardia Civil que informara sobre los avisos recibidos con «alguna información en los días previos que hubiese podido alertar» de la entrada de forma irregular a la ciudad autónoma.
También se interesó por el «dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas», así como sus circunstancias personales «conocidas».
En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quería saber si constaba «la causa y la data de la muerte», mientras que en lo relativo a los «supervivientes», reclamaba conocer «su identidad y datos de localización» que los agentes hayan podido recabar.
La jueza Tardón, en funciones de guardia cuando ocurrió la crisis de Ceuta a finales de julio, también reclamó un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que fue elaborado y entregado a la magistrada por parte del Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF). En concreto, quería saber si fue «una acción concertada» e impulsada por «un grupo criminal».
El informe del CENIF, de 55 páginas, apunta a la participación de gendarmes marroquíes en el «guiado» y en la planificación de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma. El Gobierno, no obstante, mantiene que no hay pruebas concluyentes sobre la autoría intelectual ni la implicación de ningún gobierno o servicio de inteligencia.
El hecho de que la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras elevara el informe directamente a la jueza de la Audiencia Nacional causó malestar en el Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, pidió explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, y envió una carta a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, mostrando su «preocupación».
Tanto Marlaska como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaron que el desconocimiento por parte de la cadena de mando del informe del CENIF podía tener una afectación en la seguridad nacional, pero la presidenta del CGPJ respaldó la actuación de la magistrada María Tardón y reclamó «máximo respeto» a la independencia judicial.
La magistrada acordó abrir diligencias previas tras una denuncia penal interpuesta por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, «integrantes de organizaciones criminales» y autoridades españolas y extranjeras «que pudieran ser identificadas», por delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
La Fiscalía ya ha informado a favor de que la Audiencia Nacional sea el órgano competente para investigar estos hechos y, a partir de ahí, continuar con las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido en Ceuta a finales de julio.
