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La Fiscalía ha mostrado su oposición a las pretensiones de los padres de acogida de Gójar (Granada) que reclaman la vuelta a su hogar de la niña de siete años que convivió con ellos durante 17 meses y fue trasladada a un centro de menores para una adopción a la que ellos son contrarios, dado que la menor «no quería irse».
La Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 2, ha celebrado este lunes el juicio para decidir sobre el futuro de la pequeña tras la demanda presentada por esta familia contra la entonces Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
Estos padres de acogida critican que estuvieran varios meses sin saber nada de la niña después de que la sacaran del colegio «sin avisar», ni darle la oportunidad de despedirse o recoger sus pertenencias y reclaman al Juzgado el retorno de la pequeña a su hogar y que se inste a la Junta para que inicie los trámites que les permitan constituirse como familia de acogida permanente o familia de adopción.
Tanto la Junta de Andalucía como la Fiscalía se han mostrado este lunes contrarias a esta petición y sostienen que lo más favorable para la menor es que continúe en la situación actual, «en guarda con fines de adopción», según precisa a Europa Press el abogado de la familia, José Revilla.
Los padres de acogida argumentan que la menor se encuentra en una fase de adopción «muy prematura» y el proceso adaptativo que ha iniciado con el potencial padre adoptivo «puede ir bien o mal», mientras que con ellos «lleva más tiempo, ha creado vínculos y está plenamente adaptada».
El padre de acogida, Pepe Ferrer, reconoce que no son optimistas con lo que pueda pasar a partir de ahora a tenor del posicionamiento de la Fiscalía. En declaraciones a Europa Press ha recalcado que «lo mejor para la niña» es estar con ellos y censura que durante el proceso por el que les fue retirada no se hicieran las oportunas notificaciones «en tiempo y forma».
Según su relato, la pequeña llegó en diciembre de 2024 «en un estado físico lamentable» y con «terrores nocturnos». No obstante, fue adaptándose a su nueva realidad y al final del acogimiento, «mostraba una integración plena», no solo con la familia y con los vecinos, sino también en el colegio.
A partir de diciembre de 2025 se les informó de que la niña iba a pasar a adopción y de que se iba a iniciar un proceso de acople con una familia monoparental masculina, pero la familia mostró su oposición por la «estabilidad emocional» de la pequeña y propuso acogerla de forma permanente.
Esta petición no fue atendida y se les dijo que la decisión «estaba tomada», según se desprende de su demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press. El plan de acople «fracasó» en ese primer momento puesto que la menor se negaba a ir a las visitas programadas con su potencial padre adoptivo y «no asimiló» este cambio en sus circunstancias vitales.
El 8 de abril, se resolvió el cese del acogimiento y el día 23 de ese mismo mes «la Administración con apoyo de la Policía Autonómica, se había llevado a la menor del colegio en el que cursaba sus estudios, sin que se le ofreciera la oportunidad de despedirse de su familia, ni de sus compañeros, ni de su entorno social».
Los padres lamentan que se trate a las familias de acogida como «meros contenedores de niños» y no se tenga en cuenta el criterio de quienes les acogen y mejor conocen sus necesidades a la hora de encontrar la mejor familia para ellos. El caso ha quedado visto para sentencia.
