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La Fiscalía General del Estado ha incrementado a 23 las agresiones sexuales registradas durante la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.
Fuentes fiscales han indicado a Europa Press este lunes que nueve de las víctimas son menores, con edades comprendidas entre 14 y 17 años; que cinco de las agresiones fueron violaciones —agresiones con penetración—, y que ocho presuntos autores han sido identificados: cuatro son marroquíes, tres son españoles y uno es belga.
Ello después de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, cuantificara el pasado jueves, durante una visita a Ceuta, que se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, la mayoría menores.
«Lo que nos ha comentado la fiscal jefe es que se ha producido, verdaderamente, un incremento de algunas categorías delictivas. En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad», indicó en declaraciones a los periodistas desde la ciudad autónoma.
Peramato viajó a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, así como con el equipo de fiscales del área, y para visitar un centro de menores.
Según la jefa del Ministerio Público, las agresiones sexuales registradas muestran la «especial vulnerabilidad» de las menores migrantes en el contexto de esta crisis migratoria.
Además, explicó que se ha registrado «un incremento en los delitos contra el patrimonio», esto es, robos, así como «delitos de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad».
Y subrayó que la situación en la ciudad es «traumática», por lo que se solidarizó tanto con la población ceutí como con los migrantes que cruzaron desde Marruecos.
También quiso poner en valor el trabajo de la Fiscalía de Ceuta: «Estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía de Área para actuar conjuntamente, pero tienen que tener en cuenta que las funciones de la Fiscalía son muy limitadas. Las funciones están limitadas a la protección de los menores y la vigilancia de las medidas que puedan adoptar las instituciones que puedan afectar a los menores».
