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La empresa petrolífera SLB, una de las más grandes del mundo, ha anunciado este sábado que no participará en ninguna actividad en las islas Malvinas, tras el endurecimiento de las sanciones emitidas por el presidente argentino, Javier Milei, contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en el archipiélago «sin autorización» de Buenos Aires.
La empresa con sede en Estados Unidos, antes conocida como Schlumberger y presente en 100 países, ha confirmado su postura a través de un comunicado en el que ha detallado que la decisión se basa en la normativa del Ejecutivo argentino, publicada el pasado viernes, la cual apunta a sancionar a quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina en las islas Malvinas y espacios marítimos correspondientes.
En este contexto, SLB ha indicado que «no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes».
«SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes», ha concluido.
Asimismo, otras dos empresas del mismo sector han seguido los pasos de la anterior y no formarán parte de proyectos en el archipiélago, tal y como ha compartido el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno. Se trata de Halliburton y Baker Hughes, respectivamente la segunda y la tercera empresas más grandes de servicios petroleros del mundo, según el ministro.
Milei anunció este jueves que firmará un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las islas Malvinas «sin autorización» de Buenos Aires, a la par que avanzó la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, situado en el extremo austral de América del Sur, y el incremento de sus capacidades en materia de telecomunicaciones.
Asimismo, avanzó que fortalecerá los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante este tipo de actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores. A ello sumó que procederá a «inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina».
Estas medidas se enmarcan en el reclamo histórico de soberanía formulado por Argentina sobre las Islas Malvinas y los territorios marítimos circundantes, bajo control de Reino Unido.
