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La Delegación del Gobierno en Madrid investigará la actuación policial que tuvo lugar el pasado miércoles durante el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda en la que residía desde hacía 70 años en el distrito de Retiro.
Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press después de que durante la jornada del miércoles se registraran momentos de tensión, empujones y puntuales cargas policiales contra las personas concentradas para tratar de impedir el lanzamiento judicial.
La propia Delegación del Gobierno se desvinculó a primera hora de ese día del dispositivo desplegado en la calle Alcalde Sainz de Baranda y subrayó que la Policía Nacional actuaba en cumplimiento del mandato de la comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio. La institución indicó entonces que no había dado «ninguna instrucción» para impedir la cobertura informativa y expresó su oposición al lanzamiento.
El operativo desplegado contó con decenas de agentes y varios vehículos policiales para establecer un perímetro de seguridad alrededor del inmueble. La comisión judicial llegó sobre las 9.30 horas y, durante las horas posteriores, se produjeron enfrentamientos puntuales con las personas concentradas, que habían pasado la noche frente al edificio para intentar evitar el lanzamiento.
Los agentes retiraron a las personas que permanecían sentadas ante el portal y posteriormente accedieron al interior del inmueble, donde todavía permanecían activistas del Sindicato de Inquilinas que habían acompañado a Maricarmen durante la noche. La operación terminó con la salida de la mujer en una camilla de los servicios sanitarios del Samur, antes de ser trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
El desahucio de Maricarmen provocó además una concentración posterior en Madrid a la que, según los datos de la Delegación del Gobierno, acudieron cerca de 10.000 personas. La protesta terminó también con cargas policiales después de que los manifestantes realizaran una sentada en el paseo de la Castellana.
Maricarmen residía desde 1956 en la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Su padre había firmado el contrato de arrendamiento y, tras su fallecimiento, el alquiler se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija. El litigio se inició en 2018, cuando el inmueble pasó a manos de nuevos propietarios, y la mujer obtuvo inicialmente una resolución favorable que posteriormente fue revocada tras el recorrido judicial del procedimiento.
