El Tribunal Supremo (TS) enmarca en «prácticas de enchufismo» la contratación de Jéssica Rodríguez, exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de las que, según el alto tribunal, cobró 43.950 euros sin ir a trabajar, todo ello después de que Ábalos «activara» su contratación y «facilitara» la «interesada cobertura» para «eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo».
Así lo señala en la primera sentencia del 'caso mascarillas', que ha condenado a 24 años de prisión a Ábalos, a 19 años a su exasesor, Koldo García, y a cuatro años y medio al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que no llegará a pisar la cárcel por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos».
El alto tribunal ve probado que Ábalos «activó los mecanismos influyentes para la contratación» de su exnovia y «dispuso de las condiciones para que esta no fuera a trabajar durante todo el desarrollo del plan criminal». Además, «facilitó a la interesada cobertura para eludir o neutralizar los controles del desarrollo efectivo de su trabajo» y «colaboró en la confección falsaria de partes de asistencia», según la sentencia.
La resolución expone, asimismo, que el exministro «transmitió indicaciones para que no se molestara a Jéssica Rodríguez pidiéndole explicaciones sobre el trabajo desarrollado» durante el tiempo que estuvo contratada, primero en Ineco y luego en Tragsatec.
La misión de conseguir trabajo a Jéssica en la mencionada empresa pública fue ejecutada por Koldo García, quien «se encargó de desarrollar todo un conjunto de acciones tendentes a procurar» que la entonces pareja del exministro pudiera «no ir a trabajar» y «sortear» los «controles laborales» por parte de los responsables de las empresas contratantes, de acuerdo a la sentencia.
Unos hechos que, junto a la contratación de Claudia Montes, amiga del exministro, en la empresa pública Logirail, el alto tribunal vincula con «prácticas de enchufismo en la contratación pública, impuestas a partir de la presión que permite al funcionario su particular posición de prevalimiento».
