La defensa de Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acusado al juez que las investigó y las ha mandado a juicio, Juan Carlos Peinado, de tener su pasaporte «retenido» y ha solicitado «la entrega inmediata» por parte del letrado de la administración de justicia (LAJ).
Así lo ha manifestado el abogado José María de Pablo en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acusa al magistrado de «invasión de competencias» al ser función del LAJ la devolución del documento.
El escrito se enmarca en la causa contra Gómez y Álvarez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Peinado ordenó medidas cautelares contra ellas, como la retirada del pasaporte, si bien la Audiencia Provincial acordó levantarlas.
Dicho esto, De Pablo remarca que «la ejecución material» de la resolución de la Audiencia Provincial, esto es, «la práctica de las diligencias necesarias para hacer efectivo el alzamiento, incluida la devolución del documento retenido, se encuadra en las funciones propias del LAJ».
Así, argumenta que «la entrega física del pasaporte al titular o a su representante procesal debidamente acreditado no es un acto de contenido jurisdiccional, sino un acto material de ejecución y documentación procesal que compete al LAJ en el ejercicio de sus funciones de impulso y cumplimiento de las resoluciones judiciales».
«Mantener una restricción sobre un derecho fundamental sin título cautelar vigente que lo ampare, lo cual, realizado a sabiendas, reviste extrema gravedad», contraviene, a juicio del abogado, «el principio de proporcionalidad y el derecho a la tutela judicial efectiva».
Además, De Pablo arguye que la procuradora «ostenta poder general para pleitos con facultades expresas para alzar medidas cautelares, tomar posesión de bienes muebles resultantes de los procedimientos judiciales y percibir cualesquiera efectos derivados de decisiones judiciales favorables a la poderdante».
Por todo ello, solicita al juez que estime íntegramente el recurso y remita la cuestión al LAJ, para que, «en el ejercicio de sus competencias propias, proceda a la entrega inmediata del pasaporte» de Álvarez a la procuradora y no tenga que acudir personalmente su clienta.
