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La Audiencia Nacional (AN) ha respaldado la actuación de la jueza María Tardón en las diligencias que abrió sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, señalando que «no ha interferido en la seguridad nacional», algo que le reprochó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En un escrito de este viernes, recogido por Europa Press, la Sala de Gobierno de la AN expresa su «absoluto respaldo a la actuación de la magistrada de instrucción» del propio tribunal.
«No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales», recalca.
Además, la Sala de Gobierno agradece la respuesta de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, a una carta que le envió Marlaska mostrando «preocupación» por la decisión de la jueza de prohibir al equipo investigador de la Policía Nacional que realizó un informe sobre lo acontecido en Ceuta dar cuenta a sus superiores de las pesquisas.
La AN aplaude que Perelló saliera «en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional, exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas».
Perelló se mostró de acuerdo con Marlaska en «la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando», si bien quiso subrayar que «la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales». «Por las que todos debemos mostrar el máximo respeto», replicó al ministro en su carta de respuesta.
La Sala de Gobierno de la AN considera que Marlaska en su carta «reprochaba» y «recriminaba» a la jueza Tardón «haber puesto en conocimiento de los responsables políticos la información que le había transmitido el Cuerpo Nacional de Policía en el informe solicitado dentro del marco de la instrucción penal sobre los referidos hechos».
Ante ello, la AN recuerda que la ley establece que, en las investigaciones judiciales, «las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial y los funcionarios a ellas adscritos dependen funcionalmente de los jueces, tribunales o miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación».
Y citan que el marco legal incluye que «los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan».
MARLASKA VE COMPATIBLE INFORMAR TANTO A LA JUEZ COMO AL GOBIERNO
Marlaska afirmó en su carta que, en su doble condición de ministro del Interior y de magistrado, respeta «escrupulosamente» la independencia judicial, el deber de prestar colaboración a los órganos judiciales y la dependencia exclusiva de la policía judicial de los jueces, tribunales y la Fiscalía, según informó Interior.
No obstante, consideró que ante una crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, «no debería ser incompatible» atender con diligencia los requerimientos de los órganos judiciales con informar a los responsables políticos de las circunstancias que resulten relevantes para la gestión de una situación de tal magnitud.
El ministro argumentó que la información en manos de la Policía Nacional resulta «de gran interés» para que el Ejecutivo pueda ejercer correctamente sus funciones de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado.
Por todo ello, Marlaska concluía que, ante situaciones de extrema gravedad como la de Ceuta, debe ser compatible que la policía judicial informe a los jueces a la vez que facilita al Gobierno la información necesaria para adoptar las decisiones oportunas en defensa de la seguridad nacional y pública, «sin que se resienta la independencia judicial».
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía, que se conoció íntegramente este miércoles, atribuye a gendarmes marroquíes el «guiado activo» de inmigrantes hacia Ceuta.
Además de a la Policía, la jueza de la Audiencia Nacional ha encargado informe a la Guardia Civil, que ya ha sido entregado, y pedido la opinión de la Fiscalía antes de decidir si es competente para quedarse con la investigación.
