Artículo completo
El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado este miércoles su intención de impulsar una reforma constitucional que permita abordar la cuestión de la seguridad en el país desde un «marco de acción mucho más amplio» y con recursos más «efectivos» para combatir el crimen en el interior de sus fronteras.
«Vamos a enviar al Congreso Nacional una reforma constitucional que consagre sin ambigüedad que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen», ha remarcado el mandatario en un discurso a la nación chilena.
Asegurando que, de ese modo, los chilenos «van a recuperar su libertad», mientras que «los delincuentes y narcotraficantes la perderán para siempre», el inquilino del Palacio de La Moneda ha resaltado que «por primera vez, el Estado va a decidir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más sino una obligación».
A ese respecto, el líder ultraconservador ha dicho haber instruido al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que «junto al Congreso» puedan salir adelante y «en el menor tiempo posible» una serie de medidas que ha bautizado como Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
«Espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitan recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes», ha manifestado el jefe del Ejecutivo sudamericano tras precisar que la referida agenda estará compuesta por más de 30 proyectos, algunos de los cuales ya han sido presentados en el Congreso.
Cifrando en diez el número de organizaciones del crimen organizado transnacional que operan en el país, Kast ha indicado que dentro de sus estrategias para combatir el crimen se encuentra el despliegue policial «permanente» en los 50 barrios «más críticos» de Chile, «con copamiento, patrullaje y tecnología en cada uno de ellos».
También ha avanzado que ampliará el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, de manera que la Policía «tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables» de los actos delictivos, así como «la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de quien no tiene derecho a estar en Chile».
«Vamos a identificar y perseguir a los prófugos de la Justicia que llevan mucho tiempo al margen de la ley y vamos a seguir reforzando el control de nuestras fronteras con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente para que nadie entre a Chile por donde no corresponde», ha resaltado.
En última instancia, el presidente chileno ha asegurado que ningún carabinero, policía, gendarme o integrante de alguna de las ramas de las fuerzas armadas «que actúe en legítima defensa defendiendo su vida o la de un tercero» será tratado por la ley «como si fuera un delincuente».
«Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle de manera ilegal, podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, para que transporte droga o para que vigile en una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley agravado y sin atenuantes», ha zanjado.
