La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este lunes un juicio por delitos urbanísticos contra el alcalde de Huércal de Almería (Almería), Ismael Torres (PP), y el promotor de dos viviendas edificadas "sin licencia" y en "terreno no urbanizable de especial protección" en el municipio entre 2016 y 2017.
La Fiscalía pide para el primer edil huercalense dos años y nueve meses de prisión así como 12 años de inhabilitación para cargo o empleo público por un presunto delito de prevaricación urbanística al entender habría "paralizado" de forma supuestamente intencionada el expediente sancionador que inició la Policía Local al denunciar las obras.
Según consta en el escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal también pide dos años y nueve meses de cárcel para el constructor por un delito contra la ordenación del territorio, así como dos años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier profesión ligada a la promoción y construcción de viviendas.
El Ministerio Público sostiene que el alcalde "paralizó" durante más de un año la tramitación de un expediente de infracción urbanística al no firmar la providencia de Alcaldía redactada por los servicios municipales a raíz de la denuncia realizada por la Policía Local de Huércal de Almería.
En este sentido, apunta que el acta por infracción urbanística fue efectuada por los agentes el 1 de noviembre de 2017 y tuvo entrada en el Ayuntamiento cinco días más tarde, de modo que los funcionarios pusieron a disposición del primer edil la provincia de Alcaldía para iniciar el expediente de protección de legalidad urbanística el día 13 del mismo mes.
Aunque los empleados públicos remitieron al regidor la propuesta a través del programa de gestión correspondiente para que la firmara, ya que era la "autoridad competente para la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores", Torres "omitió la firma" bajo el motivo de rechazo "voy a ver el expediente" sin que consten más actuaciones al respecto.
Para el fiscal, el alcalde actuó "a sabiendas" de que su acción era "contraria a la legalidad" solo con el fin de "evitar y paralizar la tramitación del expediente de inspección", el cual quedó en suspenso más de un año, hasta que el 20 de diciembre de 2018, cuando la entonces alcaldesa Ángeles Castillo (PSOE) --que accedió al cargo mediante moción de censura-- "impulsó de nuevo el procedimiento firmando la referida providencia".
La Fiscalía incide asimismo en la actuación del promotor y constructor, quien comenzó a edificar entre 2016 y noviembre de 2017 "sin licencia municipal" y en suelo "no urbanizable de especial protección" dos viviendas que se fueron ampliando sucesivamente hasta noviembre de 2017.
En este sentido, consta que en un primer momento habría realizado un vallado perimetral en una parcela ubicada en el Camino del Potro, donde una de las viviendas quedó dividida en cinco bloques cuadrados de 134 metros cuadrados en total, de los cuales los dos últimos datan de 2016. La segunda de las viviendas se corresponde con una edificación de 63 metros cuadrados junto a un almacén de nueve metros cuadrados.
Ambas, tras las sucesivas ampliaciones, quedaron sin finalizar, toda vez que tampoco podrían ser autorizables al asentarse en suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística, posteriormente clasificado como suelo rústico con categoría de preservado. El precio estimado de la demolición, según tasación pericial ascendería, a 15.528,84 euros.
Además de las penas privativas de libertad y de inhabilitación, la Fiscalía también pide 18 meses de multa a razón de 12 euros diarios para cada uno de los acusados y la demolición y reposición del terreno al constructor. El juicio, en la Sección Segunda de la Audiencia de Almería, está previsto a partir de las 9,30 horas.
