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Los rescatistas que en la noche del 9 de septiembre de 2023 accedieron a una finca derruida de Berja (Almería) guiados por el sonido de unos animales cuando trataban de buscar a un perro perdido han dado cuenta del «infierno» que presenciaron al localizar a varios canes famélicos, heridos y encadenados sin agua y ni comida en un espacio lleno de heces que olía «a muerte, a podrido».
«No he vivido una situación de tanta crueldad sin necesidad. No hay humanidad en lo que encontramos en aquel lugar», ha manifestado durante el juicio celebrado en la Sección Penal 1 de Almería una de las testigos que accedieron a la finca familiar del acusado, quien en un primer momento denunció la sustracción de varios canes y para quien la Fiscalía pide un año de prisión.
Aquella noche fueron nueve los perros que pudieron sacar de aquel lugar rodeado de excrementos y edores, si bien al menos uno de ellos murió al día siguiente. Según su relato, estaban famélicos, apáticos e incluso uno presentaba una herida abierta e infectada con gusanos.
«Si no recibían ayuda se iban a morir allí por el estado general en el que estaban», han manifestado los testigos, algunos de los cuales han asegurado tener que someterse a tratamiento psiquiátrico tras esta experiencia que les ha reportado también gastos económicos.
Frente a estas versiones, el acusado ha rechazado la propiedad de la mayor parte de los canes que se vieron en dicha situación y ha asegurado que él dejó en el lugar solo algunos de ellos —entre tres y seis— que empleaba para cazar, que lo hizo durante «unas horas» y que se encontraban en «perfecto» estado.
El hombre ha respondido a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, no así a las de la acusación particular, ejercida a través de la letrada María Girona, que solicita hasta 31 años de cárcel al individualizar los delitos de maltrato animal por cada uno de los perros afectados ese 9 de septiembre así como en el mes de julio, cuando se produjo otra intervención por otro grupo. Ambas acabaron conectadas por el Seprona.
Fue durante el verano de 2023 cuando distintos grupos de animalistas advirtieron en el mes de julio y después en septiembre la existencia de perros desnutridos en el interior de la finca, que parecía abandonada, por lo que procedieron a llevarse a los animales para dispensarles tratamiento veterinario.
El acusado se ha referido al segundo episodio y ha apuntado que el 9 de septiembre acudió a la propiedad de sus abuelos en la finca El Trebolar para dejar allí a sus perros de caza y poder acudir a las fiestas de Adra a tiempo, con la intención de recogerlos al día siguiente.
A preguntas de la fiscal, el acusado no ha concretado las condiciones en las que se quedaron los perros, si les dejó alimento y agua, o si el espacio reunía las condiciones para guardar animales.
Según ha añadido ante su defensa, se fue del sitio con «prisas», por lo que cerró la «puerta» hecha con un somier metálico «con un alambre» y, durante su marcha, no vio que pudiera haber otros perros en la zona.
Fue más tarde, al conocer que habían desaparecido los perros por un alertante, cuando denunció la situación ante la Guardia Civil, si bien meses después retiró dicha denuncia aunque, para entonces, el Seprona había iniciado diligencias por un posible delito de maltrato animal.
Así, el agente instructor del atestado ha declarado que durante la investigación se desplazaron hasta la finca, que ha descrito como «una especie de cortijo medio derrumbado, como muy abierto, en malas condiciones» y «sin protección».
El lugar, reconocido por el Seprona como una «perrera», pudo ser identificado y cotejado a partir de las imágenes facilitadas por los rescatistas, en las que además se veían trozos de bidones usados como comederos y bebederos.
«Pedimos documentación a las personas que se llevaron a los animales y nos mandaron un dossier bastante grande», ha advertido el agente quien, no obstante, ha admitido que no se pudo hacer una exploración directa de los canes ya repartidos entre distintas protectoras y casas de acogida, de lo que obtuvieron documentación e informes veterinarios. Sí ha constatado que varios perros poseían chip identificativo y que el acusado presentó varias cartillas.
La Fiscalía sostiene que el acusado actuó de manera deliberada ante unos animales que sufrieron un estado de malnutrición avanzada, atrofia muscular, cojeras en extremidades, anemia, heridas infectadas, deshidratación, fiebre o diarreas sanguinolentas, entre otras patologías.
Los perros, que se encontraban llenos de parásitos, sufrieron un deterioro físico «severo» que «causó un sufrimiento relevante en los mismos», lo cual habría sido «conocido y aceptado por el acusado» a la hora de proceder al abandono. El juicio ha quedado visto para sentencia.
