La Junta Electoral Provincial (JEP) ha requerido al Ayuntamiento de Casares (Málaga) que «se abstenga en lo sucesivo de emplear sus canales institucionales para la difusión de visitas, mensajes o contenidos de carácter político-electoral relativos a candidaturas concurrentes» a las próximas elecciones andaluzas, tras estimar el recurso del PP en relación con la publicación en sus redes sociales la visita de la candidata socialista María Jesús Montero.
Así se recoge en una resolución de la JEP, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que resuelve a su favor el recurso del PP frente al acuerdo de la junta de zona y en la que se determina que el Ayuntamiento «ha instrumentalizado» su perfil oficial de Facebook, «canal institucional dependiente de un poder público local y financiado con fondos municipales», al publicar la visita de Montero, «identificándola expresamente como candidata».
Al respecto, el documento señala que se ha instrumentalizado ese canal oficial también «reproduciendo entrecomilladamente sus manifestaciones en materia de sanidad pública» y añade que tal utilización «para amplificar un discurso político-electoral de una candidatura concurrente vulnera el deber de neutralidad» que recoge la Ley Electoral; por lo que le insta a que en lo sucesivo se abstenga de este tipo de publicaciones.
No obstante, se señala que como la publicación fue retirada de forma voluntaria e íntegramente por el Ayuntamiento antes de cualquier requerimiento y, además, el recurrente ha desistido de la petición de incoación de expediente sancionador, «no procede adoptar ninguna medida adicional», concluye la resolución de la Junta Electoral Provincial.
Este procedimiento se inició con una denuncia electoral del PP el mismo día de la publicación, en la que la formación consideró que se había vulnerado el artículo 50 de le Ley Electoral General, al indicar que el texto contenía «expresiones coincidentes o similares» a las utilizadas en precampaña por la candidata del PSOE-A y se difundió a través de una red social «que directa o indirectamente depende del Ayuntamiento», pero sin respetar la neutralidad exigida.
La Junta electoral de zona dio traslado al Ayuntamiento, que alegó que la visita no fue programada por el Consistorio y que la cuestión relativa a la situación sanitaria es «una problemática de interés público», aunque se añadía que dichas publicaciones ya habían sido retiradas.
