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La Guardia Civil de Huelva, en el marco operativo Oleo y dentro de sus funciones de protección del patrimonio natural, han investigado a tres personas físicas y una jurídica por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medioambiente, tras detectar vertidos industriales contaminantes a un cauce natural de la rivera de Calaboza (Huelva).
Según ha informado el instituto armado en una nota, el Seprona inició el pasado mes de marzo una investigación al detectar una serie de vertidos de origen industrial que iban a parar finalmente a un cauce de agua natural.
Después de realizar las inspecciones técnicas oportunas para localizar el origen de la contaminación, los agentes descubrieron un complejo entramado de bombeo y tuberías ocultas.
Según ha detallado la Benemérita, este sistema se utilizaba para evacuar, de forma ilegal y directamente desde unas balsas, residuo de alpechín, un líquido altamente contaminante sobrante de la producción de aceite y aceitunas.
Debido a la gran cantidad de líquido arrojado, el vertido avanzó a lo largo de unos siete kilómetros a través de barrancos que habitualmente están secos, hasta alcanzar el curso principal.
Posteriormente, estas aguas contaminadas terminaban desembocando en el Pantano del Chanza (Huelva), un embalse cuyas aguas se destinan de manera prioritaria al consumo de la población.
Los agentes realizaron varias tomas de muestras en diferentes puntos del recorrido. Los análisis posteriores, realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, confirmaron que los niveles de contaminación eran totalmente compatibles con este residuo industrial del sector olivarero.
Además, la Guardia Civil ha señalado que este tipo de vertidos tiene gran cantidad de materia orgánica, consumiendo por completo el oxígeno disuelto, lo que puede provocar efectos tóxicos sobre los organismos acuáticos, incluso la muerte inmediata por asfixia de peces y plantas.
Estos hechos pueden constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, que puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multas económicas e inhabilitación especial para profesión u oficio.
Por ello, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de un total de tres personas y una sociedad mercantil, instruyendo las correspondientes diligencias y poniéndolas a disposición de la autoridad judicial y la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva. La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para la protección de nuestro entorno natural.
En caso de advertir cualquier anomalía en el aspecto del agua de ríos o embalses, así como olores inusuales, presencia de peces o fauna muerta en las inmediaciones de los cauces, deben ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o mediante la aplicación AlertCops.
