Artículo completo
La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una sociedad mercantil y a dos de sus responsables como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por la presunta gestión irregular de residuos, tras detectar vertidos continuados de lixiviados de alperujo en una instalación de Villa del Río (Córdoba).
Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación se inició tras detectarse varios episodios de vertidos procedentes de las balsas de almacenamiento de la instalación reseñada, cuyos lixiviados —líquidos residuales muy contaminantes—alcanzaban terrenos colindantes y suponían un grave riesgo para el medio natural y las aguas subterráneas de la zona.
De esta manera, los agentes del Seprona de Montoro, han comprobado importantes deficiencias en las infraestructuras de contención de la planta, constatándose la acumulación de lixiviados y aguas industriales, así como la existencia de sistemas de evacuación obturados que favorecían el desbordamiento de las balsas durante episodios de lluvia.
Durante las actuaciones se procedió a la toma de muestras de agua, cuyos análisis, realizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), han revelado valores de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) de hasta 112 veces superiores al límite legal permitido, confirmando un elevado potencial contaminante de los vertidos.
Asimismo, estas filtraciones han generado un riesgo grave para la masa de agua subterránea 'Aluvial del Guadalquivir', catalogada como de alta vulnerabilidad, así como para los terrenos afectados por los vertidos. La investigación también ha permitido comprobar que la instalación ya había sido objeto de un expediente sancionador incoado por la CHG en el año 2019 por hechos de similar naturaleza.
Del mismo modo, los han detectado indicios de que, tras las primeras inspecciones, se realizaron movimientos de tierras y retirada de lodos en el interior de la planta con el fin de dificultar la constatación visual de los daños ocasionados, así como presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la autorización ambiental de la instalación y con la gestión de los residuos generados.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro, interesándose la adopción de medidas cautelares dirigidas a evitar nuevos vertidos, garantizar la correcta gestión de los lixiviados y asegurar la restauración ambiental de la zona afectada. Paralelamente, se han trasladado los hechos a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Córdoba por las posibles infracciones administrativas.
