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El Instituto de Medicina Legal de Colombia ha identificado nueve de los diez cuerpos recibidos tras un operativo militar realizado en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, en el sur del país, contra disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de los cuales tres eran menores de edad.
«Nueve de los diez cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra», ha señalado la institución en un comunicado en el cual ha precisado que cuatro de ellos son femeninos, cinco masculinos y tres pertenecientes a menores de edad.
Bautizada como 'Operación Amón', esta actuación del Ejército colombiano tuvo lugar el pasado 27 de agosto, fecha en la cual el propio presidente del país, Abelardo de la Espriella, anunció un «contundente golpe» contra las estructuras criminales de la facción del «narcoterrorista alias 'Carlacá'» en el selvático departamento.
«En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, once fusiles, cinco ametralladoras incautadas, además de abundante material de intendencia», informó entonces del mandatario en un mensaje en redes.
Este mismo domingo, De la Espriella ha anunciado en rueda de prensa el «fin» de las «mesas sin voluntad de paz» y, en concreto, de tres procesos «de falsa paz» y «falso diálogo», mediante la expedición de nueve resoluciones que, ha sostenido, «terminan los espacios adelantados con las estructuras vinculadas a alias 'Calarcá' con la Coordinadora Nacional y Ejército Bolivariano relacionada con los denominados Comandos de Frontera y con las (autodenominadas) Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada».
«He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantener esas farsas», ha esgrimido De la Espriella agregando que tales resoluciones «dejan sin efecto los reconocimientos y designaciones que permitían la participación oficial de representantes, voceros y negociadores en estos espacios».
Afeando así los «procesos heredados de la falsa 'Paz Total' (en alusión a la política impulsada por su predecesor al frente a la Casa de Nariño, Gustavo Petro)», el líder latinoamericano ha remarcado que no permitirá que la palabra paz «siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad».
«Se acabaron las mesas y los beneficios, sin que haya contraprestaciones reales. A quienes persistan en las armas y el crimen, les digo con absoluta claridad: encontrarán enfrente toda la capacidad legítima del Estado», ha advertido, defendiendo que la paz se garantiza e «impone» con la «fuerza legítima de las armas y las leyes de la República, bajo el imperio de la ley y bajo el Estado de Derecho».
