La organización humanitaria Human Rights Watch ha denunciado este miércoles que el pacto migratorio de la Unión Europea (UE), cuya normativa entra en vigor en dos días, «cierra la puerta en las narices» a los solicitantes de asilo, insistiendo a los Estados miembro en que no adopten los enfoques más restrictivos y «hagan lo correcto».
«Introduce cambios radicales que socavan el derecho de asilo. A pesar de lo que proclaman los líderes de la UE, cierra la puerta en las narices de personas que merecen ser tratadas con dignidad y que se examine de forma justa su solicitud de protección», ha señalado Judith Sunderland, asesora sobre derechos de los refugiados y migrantes de Human Rights Watch.
En este sentido, ha denunciado que supone un «duro golpe» al derecho de asilo en un momento en que «el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los Derechos Humanos».
En un documento, la organización ha detallado los principales cambios en las leyes y procedimientos de asilo de la UE, así como los riesgos que esto supone para los derechos de las personas.
El pacto, que entra en vigor este viernes, 12 de junio, establece una serie de normas y reglamentos que establece un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrece a los gobiernos una 'solidaridad a la carta' que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.
Tras años de negociaciones, los Estados miembro acordaron en 2024 un equilibrio entre la «solidaridad» con los países en primera línea, como España e Italia, y la «responsabilidad» que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.
Finalmente se acordó un mecanismo de «solidaridad flexible» que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, y deja que se reubique a partes de las personas llegadas o se pague una compensación por cada migrante que se rechace.
El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
Human Rights Watch pide a los países de la UE a hacer todo lo posible, dentro de los límites del pacto, para «mitigar sus peores consecuencias y garantizar el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE» y les insta a limitar el uso de la detención y los procedimientos fronterizos de asilo, garantizar la capacidad para identificar adecuadamente a las personas con necesidades específicas de protección y apoyo, y dejar de derivar a los solicitantes de asilo a países con menor capacidad para proporcionar una protección efectiva.
Según Sunderland, a pesar de las nuevas y restrictivas normas los Estados miembros del bloque «siguen teniendo opciones para hacer lo correcto», por lo que insiste en que «deberían limitar el uso de la detención, identificar y garantizar el apoyo a las personas con mayor riesgo de sufrir abusos, y abstenerse de externalizar las responsabilidades en materia de asilo a otros países».
