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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho un llamamiento a «brindar protección a quienes huyen de Birmania» y a «fortalecer la acción colectiva» por el noveno aniversario del desplazamiento masivo forzado de rohingyas de Birmania tras la campaña de represión militar que en 2017 provocó un éxodo de cerca de un millón de personas.
«Casi una década después de los horribles sucesos de 2017, el Secretario General hace un llamamiento para que se renueve la atención y la acción mundial ante la difícil situación de los rohingya», ha afirmado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado en el que alerta de la «creciente inseguridad, una reducción de su espacio de protección y perspectivas cada vez menores de soluciones duraderas» que afronta la citada etnia.
En concreto, ha alertado de que en Birmania, «los rohingya y otras comunidades siguen atrapados en el conflicto y el desplazamiento, sufriendo graves violaciones de los derechos humanos y otros abusos, incluso por parte del ejército de Birmania, el Ejército Arakan y otros».
«Cientos de civiles siguen siendo asesinados cada año, mientras que la circulación y el acceso humanitario siguen restringidos», ha alertado, agregando además las amenazas de «reclutamiento forzoso, detenciones arbitrarias y violencia sexual».
Ante esta coyuntura, reza el texto, «el secretario general reitera su llamamiento a la protección de los civiles de conformidad con las obligaciones aplicables en virtud del Derecho Internacional», así como «agradece la continua hospitalidad de Bangladesh y otros países que acogen refugiados, e insta a todos los Estados a brindar protección a quienes huyen de Birmania».
A este respecto, el portavoz de Guterres ha subrayado que a éste «le preocupa el creciente número de rohingyas que perecen en el mar e insta a la cooperación regional en materia de búsqueda y rescate, desembarco seguro y lucha contra la trata de personas». «Le inquieta profundamente el aumento de la desinformación, la información errónea y el discurso de odio dirigidos contra los rohingyas en Birmania y otros países de la región», ha agregado.
Por ello, el dirigente de Naciones Unidas ha instado a la comunidad internacional a «fortalecer la acción colectiva para apoyar una solución política integral e inclusiva», así como a «seguir brindando asistencia humanitaria, oportunidades de sustento y apoyo a la autosuficiencia» hasta que «las condiciones permitan el retorno voluntario, seguro, digno y sostenible de los rohingyas».
Cientos de miles de rohingyas sobreviven desde el masivo éxodo por el Ejército birmano en 2017 en el inmenso campamento de refugiados de Cox's Bazar, en Bangladesh, amenazados por la superpoblación, las enfermedades, las tormentas y los incendios, provocados o involuntarios, además de en un limbo institucional.
Mientras, Birmania sigue sumida en una guerra civil aún por resolver desde que estallara con el golpe de Estado de 2021 que colocó en el poder al actual presidente, Min Aung Hlaing. Desde entonces, más de 8.300 personas han muerto en todo el país en el marco de las operaciones llevadas a cabo por la junta y cerca de 22.600 todavía siguen detenidas, según datos de la Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania (AAPP).
El Gobierno de Unidad Nacional, las autoridades democráticas birmanas en el exilio, ha indicado que el Ejército de Birmania ha cometido decenas de masacres de civiles desde la toma de poder por parte del Ejército, mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha denunciado en reiteradas ocasiones la «impunidad» con la que actúa la junta militar birmana, a la que ha llegado a acusar de crear una crisis política y humanitaria «perpetua».
