Baltasar Garzón será el presidente de la 'Comisión de la Verdad', como se conoce a la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura que aprobó ayer miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
A las órdenes de Garzón trabajarán nombres conocidos como Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares. Además, el Consejo de Memoria Democrática ha designado a un grupo de otros diez vocales para garantizar el correcto funcionamiento de la comisión.
Serán un total de 20 expertos y expertas en derechos humanos, politólogos, historiadores, comunicadores nacionales e internacionales, los que busquen hacer "un buen diagnóstico de la España de esa época", como reza la nota de prensa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Entre las funciones del grupo, que trabajará en coherencia con los "principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", destaca la elaboración de un "informe final" que incluirá conclusiones y recomendaciones para que se cumplan dichos principios.
El grupo estructurará su trabajo en torno a distintos ejes temáticos que incluyen, entre otros, la violencia letal y las desapariciones, el sistema represivo, la represión económica, las violencias de género, el exilio, la represión cultural y las consecuencias actuales de la dictadura.
Además, contará con una subcomisión dedicada específicamente a la investigación de los derechos humanos de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, la institución franquista donde se confinó y torturó a miles de mujeres menores de edad, "sin haber cometido ningún delito tipificado".
Con todo, el Gobierno de España "refuerza su compromiso" con las políticas de memoria democrática y el derecho de la sociedad española de "conocer la verdad" sobre las violaciones de derechos humanos del pasado reciente del país. Así, el establecimiento de esta comisión supone, según el Gobierno, un "paso decisivo" en la consolidación de una memoria democrática "basada en el rigor, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas".
